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Dispersa estrategia contra acoso sexual

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Ninguna de los 4 millones 700 mil mujeres en la capital están exentas de enfrentar violaciones, tocamientos, miradas lascivas, silbidos, palabras ofensivas y otros actos de acoso sexual en el transporte y la vía pública, que afectan su integridad, libertad y el ejercicio de sus derechos.
 
Por eso, ocho de cada 10 capitalinas se sienten inseguras de vivir o transitar en esta ciudad, según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
 
El 93 por ciento de ellas enfrenta miradas lascivas; 73 por ciento majaderías sexuales; 69 por ciento acercamientos indebidos; 40 por ciento persecuciones, y 33 por ciento limitaciones a la libertad de tránsito, de acuerdo con un estudio de 2015 de El Colegio de México y el Inmujeres-DF.
 
En ese contexto, las mujeres se han organizado para visibilizar el acoso sexual con denuncias en redes sociales –como la de la etiqueta #miprimeracoso–, protestas e incluso una megamarcha contra las violencias machistas el pasado 24 de abril, conocida como “Primavera Violeta”.
 
Al día siguiente de esa protesta nacional, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lanzó la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacio público”.
 
Cimacnoticias solicitó al Inmujeres-DF el diagnóstico con el que se basó la estrategia y un documento con todas las medidas; sin embargo, Comunicación Social envió sólo un boletín con los primeros avances de la medida, y negó una entrevista con la titular del instituto, Teresa Incháustegui, debido a la veda electoral.
 
La mayoría de las medidas anunciadas contra la violencia sexual –que no están por escrito en programa alguno– son pendientes que Mancera viene arrastrando al menos desde 2014, cuando se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF (LAMVLV), y desde 2015 cuando inició el programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable paras Mujeres y Niñas”, del Inmujeres-DF y ONU-Mujeres en México.
 
Por ejemplo, la aplicación de celular que el Jefe de Gobierno anunció para facilitar la denuncia por acoso es un compromiso de octubre de 2015. También dijo que crearía un Centro de Atención y Cuidado para Víctimas de Trata, pendiente desde 2014.
 
El mandatario local adelantó la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Iztapalapa, que ya había sido anunciado por diputados locales del PRD desde el 25 de noviembre de 2015. También declaró que “adoptaría” el Modelo Único de Atención y una Red de Información de Violencia contra las Mujeres y Niñas, previstos desde hace dos años en la LAMVLV.
 
El pasado 25 de mayo, al cumplirse un mes de la “Estrategia 30-100”, Mancera rindió un informe de avances y dijo que entregaría silbatos –una medida no prevista desde el lanzamiento de la estrategia– para que las capitalinas alerten sobre el acoso sexual.
 
La acción desató cuestionamientos de grupos feministas, que dijeron que dejaba a las mujeres la carga de la prevención y denuncia, por lo que el pasado 1 de junio activistas congregadas en el Colectivo Justicia Sexual se pronunciaron frente a la sede del Gobierno capitalino, para exigir políticas públicas más serias.
 
Las feministas, que no fueron recibidas por Mancera, criticaron que la medida del silbato no esté acompañada de una capacitación a policías y que no haya sido explicada.
 
De acuerdo con la versión de agentes del Metro y Metrobús, oficiales del operativo especial contra el acoso sexual, y una abogada del módulo “Viajemos Seguras”, en la estación Balderas, ninguno fue avisado sobre la “Estrategia 30-100” y dijeron no saber si deben actuar en cuanto suene un silbato, o si deben esperar a que la víctima pida ayuda.
 
IMPUNIDAD
 
El acoso sexual está definido en la LAMVLV del DF –promulgada en 2008– como una forma de la violencia sexual porque amenaza y pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer.
 
También el Código Penal capitalino castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”. La pena es de uno a tres años de prisión.
 
Sin embargo, las denuncias por acoso sexual son atendidas como una simple infracción, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica del DF, lo que reduce el castigo a una sanción de 71 a 710 pesos o de seis a 12 horas en prisión, confirmó un orientador jurídico de la llamada “Línea Mujer”, un servicio telefónico que forma parte de la “Estrategia 30-100”.
 
Y es que para iniciar una denuncia penal, las mujeres tienen que comprobar a través de fotos, videos o testigos y varios peritajes que fueron víctimas de acoso sexual; de lo contrario, se abrirá sólo un acta en los juzgados cívicos.
 
Las autoridades capitalinas dejaron a cargo de la estrategia de los silbatos al área de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica del DF, cuya oficina de Comunicación Social precisó que los aditamentos se entregarían después de este lunes 6 de junio en los juzgados cívicos, donde –aseguró– “se atienden las denuncias de este tipo”.
 
No obstante, Mancera está motivando a través de una campaña en el Metro a que las mujeres denuncien la violencia sexual, pero no explica detalladamente cuál es el procedimiento para hacerlo.
 
En entrevista, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, María de los Ángeles López Peña, aclaró que como parte de la “Estrategia 30-100” se está fortaleciendo la Fiscalía de Delitos Sexuales de la PGJDF a través de capacitaciones, pero no con más presupuesto ni más personal.
 
La funcionaria observó que uno de los obstáculos para que haya más denuncias es que las mujeres no consideran necesario denunciar este delito, “porque lo ven como menor”.
 
Según la PGJDF, de enero a abril de este año se inició sólo una averiguación previa por acoso sexual, y según el primer informe de avances de la “Estrategia 30-100”, del 25 de abril al 25 de mayo, hubo 69 denuncias por violencia sexual en el Metro (sin precisar de qué tipo), pero en 32 de ellas se instó al agresor y a la víctima a llegar a un acuerdo de “respeto mutuo” por un delito penal que atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres.
 
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