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Dispersas en México políticas públicas contra la pobreza y violencia

Por Rafael Maya

Las políticas públicas federales y estatales para combatir la violencia contra las mujeres y erradicar la pobreza entre la población femenina carecen de integración y reformas legales que las hagan efectivas, señalaron hoy Expertos de organismos civiles.

Representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), por los derechos de las mujeres participaron en el Primer Encuentro de Investigación Aplicada Sobre el Desarrollo Social, organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Suman Bhattacharjea integrante del Grupo de Educación Popular con Mujeres, lamentó que las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (Uapvif) de la Ciudad de México, carezcan de capacidad jurídica y legal para resolver la violencia en el hogar que sufren muchas mujeres.

Destacó que las mujeres se sienten agredidas ante las instancias judiciales cuando presentan denuncias contra sus parejas por violencia intrafamiliar.

De su lado, Julia Pérez, de Milenio Feminista, recomendó reformas legales a nivel federal y estatal en los ámbitos civil, penal y administrativo que garanticen “un mínimo de derechos” para las mujeres.

Puso como ejemplo que en Chihuahua las mujeres deben sufrir “mas de una paliza” por parte de sus parejas para que la justicia dé entrada a una denuncia por violencia intrafamiliar.

Demandó que el gobierno federal implemente una política interinstitucional contra la violencia doméstica, que contemple convenios con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que los hijos de hogares con violencia puedan cambiar de escuela, y con la Secretaría del Trabajo para el otorgamiento de créditos emergentes de vivienda para mujeres maltratadas.

En su turno, Concepción Martínez, integrante del grupo Equidad de Género, señaló que programas federales como Oportunidades productivas, desarrollo de comunidades indígenas, y desarrollo contra la pobreza urbana son insuficientes para erradicar la pobreza de la población femenina más necesitada.

Explicó que muchas mujeres no acceden a esos programas por carecer de la Clave Única de Registro de Población (CURP), o por no saber leer y escribir.

Añadió que las mujeres que deberían ser beneficiadas con los programas padecen “violencia institucional” porque las dependencias no difunden las reglas de operación de los mismos.

Concepción Martínez urgió a que las reglas de operación contengan diagnósticos desagregados por sexo, así como el número de beneficiarias.

Finalmente, Alicia Molina, activista del grupo civil Alternativas de Comunicación para Necesidades Especiales, demandó apoyo institucional para madres de niños con discapacidad en zonas marginadas del Distrito Federal.

RM/MEL

       
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