Legisladores argentinos discuten desde octubre de 2001 varias iniciativas para legalizar el aborto por anencefalia (falta de cerebro), del producto, que evitaría el sufrimiento innecesario de la madre y el hijo, mientras el tema divide a la sociedad, médicos e Iglesia Católica.
Varias iniciativas en ese sentido tienen casi dos años rebotando de una a otra de las comisiones del Congreso debido a la polémica que ha generado entre la Iglesia Católica, los médicos y los propios legisladores.
Presentada por Marcela Larrosa, de la Unión Cívica Radical, (UCR) y Eduardo Peduto, del Frente Grande, una de las iniciativas establece la obligatoriedad de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires para interrumpir a partir del sexto mes el embarazo por estas circunstancias.
Para que la mujer acceda a la interrupción del embarazo deberá presentar una petición firmada por ella, así como el testimonio de su médico y dos ecografías que certifiquen la existencia de la malformación.
En caso de existir objeción de conciencia, el médico estará obligado a nombrar a un sustituto inmediatamente.
Si la iniciativa de ley es aprobada, el embarazo podría interrumpirse a partir de la semana 24 de gestación, etapa, en la que según los médicos, es posible detectar alguna patología.
A las 72 horas de confirmada la malformación, el médico estará obligado a informar a la madre del diagnóstico y sobre las posibilidades que tiene de continuar o interrumpir el embarazo.
El 9 de octubre de 2001 la diputada Liliana Lissi presentó un proyecto de ley para prevenir la anencefalia por medio de una campaña informativa y de toma de conciencia a cargo del Ministerio de Salud argentino.
Dicha iniciativa, que en ese año quedó para su análisis en la Comisión de Discapacidad, también establecía la obligatoriedad de todos los hospitales públicos para practicar la interrupción del embarazo por esta causa.
Ese mismo año Lissi presentó un segundo proyecto de ley para modificar el artículo 86 del Código Penal, referido a los casos de aborto terapéutico, a fin de incluir como causal de justificación las situaciones «de embarazo con diagnóstico de anencefalia fetal».
En enero de 2001 el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gustavo Bossert, aprobó la interrupción de un embarazo por anencefalia en Buenos Aires.
Entre los hospitales que han practicado la interrupción del embarazo por esta causa se encuentran el Hospital Iturraspe, en la provincia de Santa Fe.
En1999 se presentaron tres casos de anencefalia. En todos ellos se procedió a la realización del parto temprano, sin necesidad de recurrir a la Justicia.
En el Hospital HIGA. Dr. José Penna, en la provincia de Buenos Aires, en agosto de 2001 se presentó un caso de un feto con anencefalia, por lo que la doctora Jaqueline Rodríguez- representó extrajudicialmente a la mujer embarazada.
El hospital, ante el requerimiento efectuado mediante una nota dirigida al director del mismo, procedió a la realización de la práctica médica sin requerir autorización judicial.
2003/LGL/MEL
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