Cuando todavía era una estudiante, recuerdo que me explicaban que una de las principales características de las democracias modernas era la separación de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Obviamente, partíamos de la concepción de una sociedad aconfesional.
Lucho Navarro, quizás el mejor profesor que he tenido nunca, nos explicaba que de esa forma se intentaba impedir las tentaciones absolutistas de los gobernantes de turno. Era una forma de garantizar que nuestras normas jurídicas, aquéllas que nos dotamos para ordenar la convivencia, tuvieran diferentes pasos que seguir desde su inicio hasta su aplicación.
Después, con el tiempo, he ido observando cómo la teoría está muy bien, pero en la práctica, y dependiendo de quien esté al frente del ejecutivo, con mayoría propia o pactada en el legislativo, el tercero de los poderes facilita o complica las cosas.
Obviamente, me refiero a la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada de forma unánime por el Parlamento el pasado mes de diciembre. Pues bien, como entonces, y después de muchas polémicas jurídicas y judiciales, no se consiguió parar la aprobación de la Ley, ni el mayor partido de la oposición tuvo valor para votarla en contra, ahora nos sale una jueza de Murcia, la titular del Juzgado de lo Penal Nº 4, planteando una cuestión de inconstitucionalidad.
Legítimo es el derecho de esta jueza a tener dudas sobre el texto jurídico, pero también es legítimo el derecho de todas las mujeres a ser protegidas activamente por las diferentes administraciones ante las agresiones continuas que, por el simple hecho de ser mujeres, hemos sufrido a lo largo de los siglos.
El planteamiento que hace esta señora no deja de ser un reflejo de una sociedad que predica la igualdad entre hombres y mujeres, pero que cuando se dan pasos activamente para que esa igualdad sea real y no formal, se echa las manos a la cabeza para seguir protegiendo los valores machistas y androcéntricos que les permiten a los varones tener los privilegios que históricamente se les han otorgado.
Nunca las mujeres tuvimos una ley que nos protegiera de forma activa frente a nuestros agresores. Y nos han pegado, nos han humillado, nos han violado y nos han matado, pero pareciera que fuera normal, que entrara dentro de los parámetros normales de la convivencia entre hombres y mujeres. Frases como «entre marido y mujer nadie se debe meter», o «mi marido es buen esposo, sólo me pega lo normal» han formado parte de nuestra cotidianidad a lo largo de los siglos, y justo cuando las mujeres hemos alzado nuestra voz y hemos exigido ser protegidas activamente ante este tipo de atrocidades, nos encontramos con que el tercer poder, el judicial, pone todas las pegas del mundo e intenta boicotear esta norma de protección básica para la integridad de las mujeres.
Y ahora que me digan que no es injerencia…
Como tampoco lo debe de ser el hecho de que haya jueces que no autoricen bodas entre personas del mismo sexo, después de haber sido aprobada la reforma del Código Civil por una mayoría suficiente del Parlamento. ¿Eso tampoco es injerencia?
La sociedad avanza en la consecución de derechos civiles, y los señores y señoras del poder judicial ponen trabas a esos avances sociales. Una contradicción democrática, o al menos así es como lo veo.
Yo me pregunto, ¿y quien nos protege de semejantes actitudes a las personas de a pie que confiamos en la justicia como unos de los poderes de la joven democracia en la que vivimos? ¿Hemos de confiar las mujeres que somos maltratadas? ¿Han de confiar las personas que, siendo del mismo sexo y amparadas por el Código Civil, no pueden casarse por cuestiones morales de un juez o jueza?
¿Han de primar las cuestiones morales de estas personas que representan el tercer poder frente a la representación democrática que es el poder legislativo, y frente a quien conforma el legítimo gobierno de un estado moderno?
Desde mi punto de vista de ciudadana, que cree en la democracia y en la separación de poderes, este tipo de actuaciones es injustificable.
*Consejera de Ontinyent, Valencia, España. Correo: [email protected]
