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Doble rasero de México en política migratoria

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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El gobierno mexicano sostiene una política migratoria contradictoria y engañosa porque afirma que defiende los Derechos Humanos (DH), pero en realidad desarrolla programas que refuerzan la seguridad fronteriza y detiene a las y los migrantes, incluso menores de edad.
 
Durante el Foro Migraciones, que se realiza en agosto en esta capital, Siria Oliva, abogada especialista en derecho internacional y DH, criticó la postura que México ha tomado ante el creciente fenómeno de la niñez migrante.
 
Por ejemplo, dijo la experta, el pasado 30 de abril la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Migración (PEM), elaborado en conjunto con grupos civiles, y que contempla líneas específicas sobre la protección a las migrantes, deja en claro la importancia de la participación ciudadana, y enfatiza la necesidad de desarticular los programas y organismos que no se apeguen a estos objetivos.
 
Sin embargo, con el supuesto fin de lograr el “desarrollo económico” de la zona sur del país y ante la emergencia humanitaria por la migración infantil, el pasado 8 de julio el Ejecutivo federal promulgó –sin consultar a activistas– una serie de decretos para reforzar la seguridad en la frontera sur y “criminalizar” a la población migrante, como el Programa Frontera Sur.
 
Cabe recordar que cuando Enrique Peña Nieto publicó ese programa, las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) lo calificaron como una medida “desarticulada” que antepone la seguridad nacional por encima de los DH.
 
El GTPM, integrado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Sin Fronteras y otras agrupaciones, también acusaron que Frontera Sur ignora problemas estructurales de las y los migrantes, pues se concentra sólo en el control de los flujos migratorios y excluye las causas que motivan este fenómeno.
 
Además, observaron que no está articulado con los instrumentos gubernamentales creados en la materia, y no muestra acciones que corrijan las deficiencias y vicios del actual modelo migratorio.    
 
Siria Oliva criticó que el gobierno no considere la opinión de las organizaciones que trabajan el tema migratorio, tienen contacto con esta población, realizan foros de consulta, desarrollan análisis y monitoreo de las políticas, y plantean propuestas presupuestales detalladas.
 
Señaló que ésa era la mayor ganancia del PEM –que aún no se ejecuta porque se está revisando su presupuesto, según dijo la especialista–, que tardó en elaborarse más de un año y que ahora no se está tomando en cuenta.
 
Además, incluso en la redacción final del PEM se incluyeron algunas “dicotomías” que no dejan clara la política migratoria. Como ejemplo, el tercer objetivo del programa señala que México deberá salvaguardar en paralelo la “seguridad fronteriza” y la “seguridad humana”, aunque la primera se antepone a la segunda, a decir de activistas.
 
Otro ejemplo de estas “paradojas”, según la experta, es el lanzamiento el pasado 30 de abril –cuando también se promulgó el PEM– del Programa Especial de Desarrollo Sur del país, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano y enfocado a la inversión para la explotación de recursos naturales, y que a la par regula el ingreso de migrantes trabajadores para emplearlos como mano de obra “sin garantizarles ni condiciones laborales dignas”, acotó.
 
Asimismo, Oliva criticó que el Programa de Modernización de las Aduanas –vigente desde 2007 y dependiente de la Secretaría de Hacienda– aparentemente sólo controla el ingreso de mercancías, pero recoge datos personales de las personas y funciona como un regulador migratorio.
 
La especialista aseguró que, como otro botón de muestra, el Reglamento de la Ley de Migración en realidad ocasiona más dificultades que beneficios a esta población, y no hace efectiva la protección de los DH.  
 
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