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Docentes reprimidos en Puebla denunciarán ante la CIDH

Por Kara Castillo/corresponsal

Hubo tortura, privación de atención médica e incomunicación a las y los maestros presos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, después de que fueron reprimidos por policías de diversas corporaciones mientras hacían una toma simbólica de instalaciones, acordada previamente con las autoridades, declara Tamara San Miguel, miembro del Nodo de Derechos Humanos, liberada por no ser maestra y quien asegura que denunciarán los hechos en cortes internacionales.

Mientras tanto, una queja simultánea fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos del estado y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Si el gobernador Mario Marín quería silenciar a las y los maestros ésta fue su peor decisión, una vez más se evidenció ante la prensa y tribunales internacionales mostrando su gobierno represor”, señaló San Miguel.

Verónica Ramírez fue otra de las personas detenida por ser maestra. Y aunque no es integrante del Consejo Democrático Magisterial Poblano, ni había participado en la jornada de manifestación, fue violentamente subida a un auto, golpeada y despojada de sus pertenencias en el trayecto.

Ramírez, catedrática de la Universidad Iberoamericana, está detenida en los separos de la Procuraduría General de Justicia y se quejaba de un intenso dolor en cuello y espalda. Hasta las 9 de la noche de ayer no había sido atendida médicamente, aseguró San Miguel cuando fue puesta en libertad.

Raymundo Reyes Escobar, coordinador de la defensa jurídica de las y los maestros detenidos, denunció que el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General impidió que los abogados de los maestros estuvieran presentes en su declaración ministerial y el acceso mínimo, situación que se remedió cuando llegaron los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

A las 2 de la tarde, los familiares apostados frente al edificio llevaron a las y los detenidos manzanas, agua y yogurt y aseguraron que el guardia que recibió el paquete reveló que no habían recibido alimento.

Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos, relató que entre las pruebas presentadas ante organizaciones internaciones francesas, españolas y mexicanas, como la Alianza Mexicana por la Determinación de los Pueblos y la Red Nacional Contra la Represión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentan la fotografía de la detención de un maestro al que suben a un auto aparentemente sin daño y llega a los separos sangrando.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estadoadujo que están realizando las diligencias necesarias en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, con la finalidad de velar por la seguridad jurídica de las personas que se encuentran detenidas por el desalojo de los miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano de edificios de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que efectuaron elementos de la Policía Metropolitana.

Cuatro funcionarios de la CDH dieron fe de su estado física y se imprimieron fotografías de las lesiones que algunos presentaron.

También se entrevistaron con las autoridades ministeriales, y se solicitaron datos de las actuaciones realizadas en la averiguación previa 400/2009/DMS/3er. Se pidieron las medidas correspondientes para que se brindara atención médica a una persona con enfermedad de diabetes, y se respetaran los derechos humanos de todos los detenidos, dijo el organismo en un comunicado.

Un informe se prepara para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La legislación internacional exige agotar los medios nacionales excepto cuando sean casos absolutamente graves y que requieran solicitar medidas cautelares, pero en este caso hemos solicitado ya esas medidas a las y los maestros que fueron brutalmente agredidos y que creemos que su vida y su integridad corren peligro”, dijo a este medio Volga Lepina del Nodo de Derechos Humanos.

09/KC/GG

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