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Domina impunidad en feminicidio, pero se niegan a reformar ley

Por Anaiz Zamora Márquez

En los recientes siete años en el estado de Aguascalientes se perpetraron más de 200 casos de feminicidio, que no fueron investigados como tales y en los que la impunidad llega a 80 por ciento; pese a ello, el Congreso local se obstina en considerar este ilícito sólo como un agravante de homicidio y no como un delito autónomo.
 
A petición de organizaciones feministas, en marzo pasado la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Sylvia Garfias Cedillo presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para reformar el Código Penal, y tipificar al feminicidio como un delito autónomo.
 
Con el argumento de que es “muy difícil acreditar las razones de género que conforman el tipo penal de feminicidio”, y que de volverlo un delito autónomo habría impunidad, las y los legisladores por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que gobierna la entidad y es mayoría en el Congreso–, y la diputada por el Partido Nueva Alianza (Panal) Juana Alicia Espinosa de los Monteros –presidenta de la Comisión de Equidad y Género– se niegan a avalar la iniciativa de la panista.
 
En febrero de 2013, el Congreso de Aguascalientes reformó la legislación penal estatal para incorporar al feminicidio como un agravante de homicidio y no como un delito autónomo, lo que de acuerdo con especialistas en la materia como Marcela Martínez Roaro, presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), se “invisibiliza” la violencia contra las mujeres en el estado.

En entrevista con Cimacnoticias, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, relató que desde 2014 el movimiento feminista local entregó a las legisladoras un documento sobre la agenda pendiente en materia de género, y que una de las demandas más urgentes es la armonización legal del feminicidio como un tipo penal autónomo, ya que esto permitiría crear los protocolos de investigación correspondientes.  
 
Fue así que en marzo pasado la diputada Sylvia Garfias presentó la iniciativa ante el pleno, pero hasta la fecha la Comisión de Justicia ha detenido su dictaminación.
 
La propuesta plantea que “existe feminicidio cuando un hombre, por cualquier medio, prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se establecen cinco circunstancias como motivos de género. De aprobarse la iniciativa, el crimen sería castigado de 30 a 40 años de prisión, y con multa de 200 a 300 días de salario mínimo.
 
Ávila Montejano reprochó la actitud de las y los legisladores (en su mayoría priistas) que han manifestado ante los medios de comunicación locales su negativa a avalar el proyecto, alegando que resultaría “muy complicado” acreditar las razones de género, por lo que se crearía un contexto de impunidad.
 
De acuerdo con el monitoreo que ha realizado el Observatorio de Violencia Social y de Género, la violencia contra las mujeres en la entidad es una “realidad lacerante”.
 
La activista explicó que mediante el recurso de transparencia, el Observatorio supo que de 2009 a 2013 la autoridad judicial tiene el registro de 257 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 90 fueron reportados por los medios de comunicación.
 
Agregó que después de 2013 las autoridades no dieron nuevos datos sobre el número de homicidios dolosos y respondieron a las solicitudes de información alegando que esos datos eran “inexistentes”, por lo que las feministas sólo han podido dar seguimiento al feminicidio mediante reportes hemerográficos.
 
Durante 2014 se monitorearon seis casos de feminicidio en los medios, a lo que se suman 16 intentos de este delito, es decir mujeres que terminaron en terapia intensiva tras ser brutalmente golpeadas en la mayoría de los casos por sus parejas. En lo que va de 2015 hay un registro de cinco casos, el más reciente ocurrido este lunes 29 de junio.
 
Para la también integrante de la Colectiva Feminista de Aguascalientes, uno de los puntos “más invisibles” alrededor del feminicidio son los suicidios inducidos debido a la violencia de género.
 
Mariana Ávila abundó que en el Observatorio se tiene conocimiento de mujeres –sin precisar número– que acudieron a denunciar violencia intrafamiliar, e incluso solicitaron órdenes de protección, pero ante la falta de apoyo de las autoridades decidieron terminar con sus vidas.  
 
Finalmente, la activista llamó a las y los legisladores locales a debatir y aprobar la iniciativa, y recordó que el Congreso de Aguascalientes forma parte del Estado mexicano, que a través de tratados y convenios internacionales tiene la obligación de proteger a las mujeres, y realizar la armonización legislativa en materia de feminicidio.
 
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