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Domina perfil “conservador” en aspirantes a SCJN

Por la Redacción
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Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano terminan su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 30 de noviembre; las y los aspirantes propuestos por Felipe Calderón para relevarlos se caracterizan por su postura conservadora. 
 
La hoja de vida de las y los seis aspirantes –dos ternas integradas por tres mujeres y tres hombres–, indica que sin importar quienes sean los dos seleccionados es probable que se mantenga un equilibrio entre ministros liberales y conservadores, es decir, con criterios interpretativo similares a los que se han mantenido hasta ahora.
 
En la propuesta que el pasado 9 de octubre envió Calderón al Senado, para que las y los legisladores a su vez elijan a los próximos ministros, están Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda, para cubrir la vacante que dejara el ministro Aguirre Anguiano.
 
Para cubrir relevar al ministro y ex presidente de la Suprema Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia, están propuestos Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.    
 
El ministro Aguirre Anguiano se ha opuesto a temas como la interrupción del embarazo, la píldora del día siguiente, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los tratados internacionales, y la restricción del fuero militar. También se ha destacado por sus interpretaciones jurídicas conservadoras.
 
El ministro Ortiz Mayagoitia también se ha manifestado en contra de la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo sus posturas han sido más liberales en otros casos y ha reconocido los derechos consagrados en tratados internacionales.
 
LOS PERFILES
 
El magistrado Manuel Baráibar Constantino –uno de los aspirantes a suceder a Ortiz Mayagoitia– fungió como juez penal en 1996 en Chiapas, en pleno auge del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese momento confirmó una sentencia contra un indígena tzeltal acusado de terrorismo, y posteriormente en otro caso conoció y desechó las acusaciones de lavado de dinero contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México.
 
Baráibar también formó parte del equipo de investigadores designados por la SCJN para indagar las denuncias que aludían a graves violaciones a Derechos Humanos durante el operativo policiaco de San Salvador Atenco en 2006. La investigación no derivó en justicia para las mujeres víctimas de violación sexual.
 
Emma Meza cuenta con el antecedente de haber concedido un amparo que permitió al ex líder del sindicato de trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quedar en libertad, además conoció el expediente de los acusados por el asesinato del político priista José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en 1994.
 
La magistrada también investigó, a petición de la SCJN, la persecución del ex gobernador de Puebla Mario Marín contra la periodista y activista Lydia Cacho. Meza concluyó que no hubo violaciones, por lo que los ministros desecharon el expediente que ella formuló.
 
Emma Meza, Andrea Zambrana Castañeda y Alberto Gelasio Pérez Dayán ya han sido propuestos anteriormente para ocupar un lugar en la SCJN, sin embargo fueron rechazados por el Senado y no han logrado un lugar en el máximo tribunal del país.
 
CASOS RESUELTOS
 
La SCJN, como máxima autoridad del Poder Judicial, tiene una responsabilidad con los derechos de las mujeres, y ha discutido e interpretado leyes que afectan directamente a la población femenina como la constitucionalidad de la interrupción del embarazo y de las leyes que “protegen la vida desde el momento de la concepción”.
 
En ese momento, el alto tribunal resolvió por mayoría de 11 votos contra uno –de José Salvador Aguirre Anguiano– que todas las instancias de salud públicas y privadas, federales y estatales, tienen la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sufrido una violación sexual.
 
En septiembre de 2011 las y los ministros analizaron dos acciones de inconstitucionalidad: la primera promovida por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (BC), y la segunda por la Cámara de Diputados de San Luis Potosí, ambas para invalidar la protección de la vida desde la concepción.
 
Estas normas, restrictivas del derecho a decidir de las mujeres, se mantuvieron tanto en la Constitución de BC, como en la de San Luis Potosí, toda vez que no se alcanzó la mayoría de ocho ministros a favor de la inconstitucionalidad, y por tanto esas leyes siguen vigentes.
 
Otros temas relevantes que ha resuelto la SCJN es el aval al matrimonio entre personas del mismo sexo en el DF; analizar las violaciones a los Derechos Humanos en Atenco, Estado de México, en 2006; restringir el fuero militar; y ponderar los derechos femeninos en casos de divorcio o pensiones alimenticias.
 
El acuerdo aprobado por el Senado que establece el procedimiento a seguir para la designación de los dos nuevos ministros indica que 24 horas antes de las comparencias, programadas para el próximo lunes, se hará público un expediente sobre el perfil profesional y el trabajo jurisdiccional de cada aspirante.
 
Posteriormente la Comisión de Justicia del Senado elaborará un dictamen con el nombre de las o los candidatos seleccionados, el cual se llevará al pleno para su eventual aprobación.
 
Si en la primera votación del pleno no se alcanza la mayoría, habrá una segunda y si en ésta no se logra un consenso, la terna en cuestión será rechazada, y se comunicará el resultado al Ejecutivo.
 
Cabe aclarar que en el proceso de elección no existe algún criterio que obligue a la paridad de género en la selección de los nuevos ministros. 
 
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