Aunque el año pasado fue aprobado un nuevo Código Procesal Penal en República Dominicana, la nueva norma ha dejado muchos intersticios a interpretaciones perjudiciales para lograr justicia, sobre todo en los casos de violencia contra la mujer, como demuestra que se hallen libres siete individuos que durante varios días violaron anal y vaginalmente a dos niñas de 12 años y 7 años.
Esto sucedió apenas un mes después de que la madre de las niñas, que padecía desajustes psiquiátricos, apareciera coincidentemente asesinada por tres balazos y también violada en un paraje cercano al sitio donde vivían: el poblado de Mella, en la provincia Independencia, región fronteriza con Haití, a unos 400 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, la capital.
El jueves de la última semana, un tribunal colegiado de la provincia Pedernales, que debía producir el juicio de fondo sobre el hecho y sancionar por lo pronto al único de los involucrados que se encontraba detenido, puso en libertad al hombre, Ernesto Pérez, con un pretexto baladí: que el perpetrador no había recibido por escrito la notificación correspondiente.
Así lo argumentó su abogado defensor, Sandry de Jesús Trinidad Pérez, quien trabaja, paradójicamente, como encargado de Niñas, Niños y Adolescentes en la organización Visión Mundial, de ascendencia religiosa.
Los acontecimientos, que se han estado ventilando por casi un año, desde el 21 de febrero del pasado año, alcanzaron conocimiento público cuando la pastora Miguelina Cuevas, del poblado de Mella buscó a la niña –quien para este momento ya vivía sola– al extrañarse de no haberla visto durante dos días. La encontró desangrándose, con un paño entre las piernas, casi exánime y desnuda.
La niña le contó lo ocurrido y dio detalles de cómo la violaron repetidamente los 7 hombres: el puesto en libertad Ernesto Pérez (alias Meneo), y los antes evadidos Juan Carlos Cuevas, Tirson Vázquez (quien habría escapado del cuartel por un hueco que al decir de testigos no permitiría pasar ni siquiera a un perro), Juan de la Rosa Urbáez y tres más identificados como mudos: «Guandul», «Chinita» y «el hijo de Villita». Contó también la niña que su hermana de 7 años había sido también violada por los hombres.
AYUDA DE COLECTIVA
Lo acontecido se puso esta semana a consideración de la sociedad dominicana por la Colectiva Mujer y Salud, una organización que conoció de los hechos mediante familiares de las niñas, sus tías paterna y materna, y las abogadas y funcionarias de la Secretaría de Estado de la Mujer, entidad que se movilizó para lograr justicia, si alguna cabría, para una chica apenas adolescente que ahora padece de insomnio, depresión, llantos ininterrumpidos, fluidos vaginales intensos y serios trastornos emocionales.
Clarisa Valdés, abogada de la Colectiva Mujer y Salud, quien asistió a la fraudulenta audiencia en el tribunal de Jimaní –otra zona fronteriza cercana a Mella– donde uno de los culpables fue puesto en libertad, contó a SEMLac la procacidad del abogado defensor, Sandry de Jesús Trinidad, quien luego de lograr el fallo del tribunal compuesto por los jueces Juan Francisco Carvajal, Nicio Antonio Medina y Alejandro Montilla, se arrellanó en su butaca, con las piernas abiertas y repitió ese gesto vulgar y provocativo que emplean algunos hombres al sobarse la portañuela.
PEREGRINAJE DE PASTORA Y NIÑA
Cuando Miguelina Cuevas halló a la niña desnuda y sangrante la llevó a su casa, la bañó y salió con ella rumbo a un hospital y al Juzgado de Paz de Jimaní. De aquí la remitieron a otro hospital sin prestarle atención adecuada por requerir del Procurador Fiscal de la zona una orden para que el médico legista evaluara los daños de la niña.
Tras ese proceso, y ya evaluada, se la envió a la jueza de menores, donde la sometió a un interrogatorio, según Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, mal conducido, lo que provocó que la niña se desmayara. Eso determinó que la remitieran al hospital del municipio de Duvergé –igualmente cerca de la frontera– donde tuvieron que trasfundirla de urgencia y la mantuvieron ingresada por 7 días.
Es entonces cuando una tía puso el caso en conocimiento de los Servicios de Salud Integral de la Colectiva, donde luego de dar seguimiento al proceso detectaron las que califican de «sospechosas» irregularidades que sacó a la luz pública esta semana.
Tanto el Procurador General de la República Dominicana como la Procuradora General Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Jefatura de la Policía Nacional han sido requeridos de desatar las investigaciones necesarias para depurar las responsabilidades sobre las falla cometidas por las autoridades judiciales y policiacas, tanto en Mella como en Jimaní, y sancionar correspondientemente a los y las negligentes.
De manera muy receptiva –contaron a SEMLac las promotoras de la denuncia– reaccionó la abogada Marisol Tobal, coordinadora de la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, quien ha jugado un papel encomiable ante otras violaciones y desmanes contra esta población.
Asimismo, la organización Visión Mundial ha sido solicitada para tomar acción por la conducta del abogado que jugó tan detestable papel en este caso.
La Colectiva Mujer y Salud, la Secretaría de Estado de la Mujer y las familiares de las niñas adelantaron que de no ser atendidas en el reclamo justísimo acudirán a las entidades regionales e internacionales de Derechos Humanos y han pedido apoyo y seguimiento del caso al Movimiento continental de mujeres.
Esta semana el Movimiento dominicano de mujeres y otras entidades sociales harán manifestaciones públicas de rechazo al tratamiento dado al caso y de reclamo de una acción judicial competente. La Red Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género ha formulado igual pedido a las redes de profesionales de la comunicación de Latinoamérica y a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
08/MRC/GG
