Un grupo de personas, hombres y mujeres, habla sobre violencia. Llegó un documento del Grupo de Abogacía por los Derechos de las Mujeres con el que se pretende recolectar un millón de firmas contra este mal que ya le ha quitado la vida a por lo menos 95 mujeres este año.
«A las mujeres hay que darles de vez en cuando», dice uno. Los demás, mujeres incluidas, se ríen. «Para el día de la no violencia hay que matar dos o tres para que salga en primera», contesta otro. «Esos que firman son los primeros que le dan a las mujeres. Eso es una mariconería». Carcajadas.
Pero no hay risas cuando se piensa en Crucita, desfigurada con ácido por la mano de su ex marido, que la dio por muerta. No hay burla en los ojos de Esperanza, cínica la vida al darle ese nombre, que espera con miedo y sin grandes expectativas la apelación a la irrisoria condena de tres años que le dieron a su marido por balearle tres veces y dejarle inutilizado el brazo derecho, con el que cosía y se ganaba el pan. No hay ironía en la voz firme de Belkis, que perdió a su hija de 19 años y quedó a cargo de los dos huérfanos.
A pesar de que grandes sectores nacionales no asumen aún las terribles consecuencias de la violencia intrafamiliar, hemos avanzado. Por lo menos ya se habla de violencia de género. Que más de ocho mil mujeres denuncien, al año, que son maltratadas por sus compañeros no ha sido en nuestro país una revolución de un día.
Ha costado más de veinte años al movimiento de mujeres en República Dominicana, primero, sentirse grupo, sentirse feministas y luego que se plantee el problema de la violencia doméstica como un asunto que requiere de acciones y políticas públicas. Y aún falta que se entienda que la lucha no es sólo de las mujeres, sino de la sociedad entera. Falta mucho, mucho.
Un activismo con historia
El pasado martes 20, reunido en pleno el gabinete del gobierno, se aprobó el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno central. En total, 82 mil 999.7 millones de pesos dominicanos, de los cuales se destinará apenas seis a la prevención y atención a la violencia intrafamiliar. Para la defensoría de los derechos de la mujer en sentido general, el gobierno gastará 53 millones 754 mil 825 pesos el próximo año.
Pensar en una asignación presupuestaria era como para echarse a reír o llorar cuando, en la década de los 70, surgió en el país el Comité Universitario de Mujeres. O cuando, en los años 30, Abigail Mejía, Ercilia Pepín, Delia Weber, Minerva Bernardino, Leonor Constanzo y Josefa Sánchez pelearon contra las cadenas de la dictadura y consiguieron la promulgación de la ley 390, el 14 de diciembre de 1940.
Según una compilación de leyes realizada por la entonces Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPM), esta ley «rompió, aunque tímidamente, con las disposiciones del Código Civil de 1804» y permitía que las mujeres solteras y casadas, mayores de edad, obtuvieran capacidad civil.
Lejos estaba aún el día en que, en los años 80, el Centro de Información para la Acción Femenina (CIPAF), con la fuerte, visionaria y contestataria Magaly Pineda a la cabeza, pusiera sobre la mesa de lo público estadísticas contundentes sobre la violencia que se daba detrás de las puertas de las casas.
Pininos en medio de la dictadura
La década de los 40 fue la de hacer pequeños huecos al gran muro de discriminación contra la mujer. Fue hace apenas sesenta años que la Constitución de la República consignó como ciudadanos a «los dominicanos de uno u otro sexo mayores de edad y los que sean o hubieren sido casados aunque no hayan cumplido esa edad».
Lo político vino como consecuencia. Isabel Mayer fue la primera senadora del país, por la provincia de Montecristi. La primera mujer en ocupar una curul en la cámara de diputados fue Miladys Félix Miranda, de Azua. No pude olvidarse el trabajo de Minerva Bernardino, que fungió como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, nos representó en la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 e incidió en escenarios internacionales que abogaban por los derechos de las mujeres.
Pero lo doméstico seguía relegado a un segundo o tercer plano. Esos derechos les eran denegados, en la práctica, dentro del matrimonio, asociación dispar en la que la mujer tenía todas las de perder.
Y esa situación siguió validada por las leyes durante varias décadas más. Mientras, se gestaba un movimiento de mujeres que comenzaba a incidir en la política local e internacional. En 1956 el país fue la sede, como parte de los intentos del tirano Trujillo de dar una imagen democrática, de la XI Conferencia Interamericana de Mujeres, convocada por la Comisión de la Organización de Estados Americanos con ese mismo nombre. Es imposible dejar de mencionar a Amada Nivar de Pittaluga, a Maricusa de Gautier, o a Mercedes Soler de Peynado, Nelly Dominici de Carías y Gladis Nivar de Scaroina, todas de la «haute societé».
«Durante los años más duros de la dictadura trujillista y luego, durante los convulsos años 60, el problema social más importante era la libertad, la soberanía y la democracia. En tiempos de clamor por los más esenciales derechos humanos, el tema de la mujer y la violencia de género estuvo prácticamente fuera del debate público», explica la comunicadora Patricia Solano en su «Diagnóstico del manejo de la violencia intrafamiliar en los medios de comunicación».
A pesar de la efervescencia política, la Carta Magna de 1963 (gobierno de Juan Bosch) consagró «la capacidad civil de los derechos de la mujer, proclamó una absoluta igualdad de derechos entre los cónyuges, llevando esa igualdad respecto del régimen económico del matrimonio», explica el documento de la DGPM en su folleto de los años 60. Además, esfumó de un golpe el reino absoluto del marido sobre los bienes de la pareja, al establecer el consentimiento de ambos cónyuges para los actos de disposición bienes inmuebles de la comunidad.
Pero las reformas, que incidieron directamente en el ámbito de lo doméstico, no tocaron nada referente a la violencia en el hogar. La Federación de Mujeres Dominicanas, impulsora de esas reivindicaciones, contaba en su matrícula con figuras como Lourdes Contreras, Gladys Gutiérrez, Cecilia Smester, Lourdes Camilo, Margarita Cordero, Consuelo Despradel, Teresa Espaillat, Sagrada Bujosa, Magali Pineda, Brunilda Amaral, Cándida Oviedo, Altagracia del Orbe y muchas más.
Este 25 de noviembre, día internacional de la no violencia contra la mujer, fue igualmente el aniversario del vil asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Lo que podría parecer una coincidencia no lo es. En 1981, durante el primer Encuentro Feminista que se realizó en Bogotá, la poeta dominicana Ángela Hernández propuso la fecha y «las mariposas» se han convertido en el símbolo por excelencia del activismo por el derecho de las mujeres a una vida sin agresiones. Pero no fue hasta 1999 que las Naciones Unidas lo declaró «Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer».
Bogotá fue el broche de oro con que se cerró una década de profundos cambios sociales y del parto del feminismo en Latinoamérica. El despertar de la conciencia de género se internacionalizó en 1975, declarado por las Naciones Unidas como «Año Internacional de la Mujer».
Licelot Marte, vicecanciller e integrante de la comisión jurídica de la mujer en la ONU, refuerza desde el partido reformista «los esfuerzos por modificar la legislación discriminatoria». Se logró, el 16 de julio de 1978, la promulgación de la ley 855, cariñosamente «código Licelot».
Este estableció «el co-gobierno familiar y concedió iguales derechos a la mujer en la tutela de los hijos y en los gastos del hogar. Protege la vivienda familiar y sus muebles para que el hombre no pueda vender o hipotecar los bienes sin consentimiento de su esposa», se explica en «Mujeres Dominicanas, de la sombra a la luz», editado en julio de 2000 por Virgilio Alcántara para la Secretaría de la Mujer. Las agresiones físicas y las emocionales seguían fuera de la regulación legal. Pero se avanzaba.
La comisión designada por el entonces presidente Joaquín Balaguer estaba compuesta, aparte de Marte, por Margarita Peynado, Haydee Contín Curiel, Isabel Media, Altagracia Bautista, Minerva Bernardino y Abigail Coiscou.
El movimiento se ramifica en todo el país
Para este momento, el Comité Universitario de Mujeres está tirado al medio para lograr un cambio de pensamiento en todo lo relativo a la mujer. Martha Olga García, su presidenta, era entonces vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todas las facultades estuvieron representadas.
Por todo el país se realizaron seminarios y talleres para llevar la idea de participación igualitaria de la mujer. El activismo cobró vida. Una vez más Licelot Marte junto a Fidelina Thorman, entonces subsecretaria de Salud Pública, y al grupo Participación de la Mujer, fue líder.
Los setenta fueron años de crecimiento para las organizaciones de mujeres, para el movimiento. Pero la década de los 80, a la que llaman perdida otros sectores, fue la de la institucionalización del movimiento de mujeres. El 3 de septiembre de 1981, entró en vigencia la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada luego por los países de la ONU. Pero pasaron 16 años antes de que República Dominicana bajara todo el peso de la ley sobre el tema de violencia.
Estrategia «bruja»
Así bautizó la comunicadora Margarita Cordero la técnica- iniciativa de la estratega política y actual vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, con que las mujeres del congreso lograron pasar la ley 24-97, contra la violencia intrafamiliar.
Unidas más allá de sus compromisos partidistas, las congresistas (15 diputadas y una senadora) rebatieron todos los argumentos de sus compañeros de partido en las cámaras. Si se levantaba un hombre del Partido Reformista Social Cristiano, una mujer del Comunista le razonaba y discutía. Así con el Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana.
El debate no se redujo a los «dimes y diretes» entre adversarios políticos Así, con redes de alianza y mucha perspicacia se consiguió pasar la ley más progresista en temas de género que jamás ha tenido el país. Ya las violaciones, el maltrato, los golpes, el terror sicológico, el abuso contra la familia no podían quedar impunes.
En los 90 tuvieron lugar convenciones de Belem do Pará (1994) y Pekín (1995), dirigidas a generar estrategias para «prevenir, sancionar y erradicar» la violencia contra la mujer.
Sin embargo, el tema de la violencia intergenérica no es visto por los líderes de opinión como un tema político, como una herramienta de campaña, o un aspecto esencial de las políticas y propuestas que hacer al electorado.
¿Cuándo se cambiará la visión? «El día que se cuantifique el capital de trabajo y el humano que perdemos con la violencia intrafamiliar, que todo ser humano con sentido social o político o que pueda hacer cálculos de esos daños en el tiempo, que la violencia es la derivación hacia la droga y el crimen, los líderes se pondrán de pie para colocar el tema en la agenda de todos», dijo la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, entrevistada para un dossier antológico publicado en la revista de género y comunicación «A Primera Plana».
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