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¿Dónde está el Estado? Los ciudadanos acosados

Por Clara Jusidman*

El pasado martes 6 de diciembre, 12 personas del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad acudieron a Santa María Ostula, pueblo náhuatl en el municipio de Aquila, en la costa de Michoacán.

Lo hicieron a petición de la comunidad en calidad de observadores de la consulta interna que desde hace varios meses han intentado realizar, en relación con la negociación sobre tierras que sostienen con la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Michoacán.

Ostula mantiene una heroica defensa de sus bienes comunales frente al embate del crimen organizado, y seguramente de otros intereses económicos que se esconden detrás de éste, como ocurre en muchas zonas del territorio nacional.

Al salir de la comunidad, el grupo fue asaltado, maltratado y amenazado por cuatro individuos enmascarados y con armas de alto poder.

En el asalto, los atacantes se llevaron a Trinidad de la Cruz Crisóforo, comunero y líder moral de la comunidad. Su cuerpo maniatado y con signos de tortura, fue encontrado sin vida el día de ayer en un paraje cercano.

Se trata de la misma comunidad donde el pasado 6 de octubre fue asesinado Pedro Leyva Domínguez, un inteligente y valiente líder indígena que representaba a Ostula en el Movimiento por la Paz.

El pasado martes por la noche también Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores de derechos ambientales de la sierra de Petatlán y Coyuca de Benitez, miembros del Movimiento, fueron bajados de un autobús que salió de Petatlán a Chilpancingo y rumbo a la Ciudad de México. Se desconoce su paradero.

Dos hechos que se agregan a la lista de defensores de Derechos Humanos (DH) vinculados al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que han sido asesinados o desaparecidos en los últimos dos meses y entre los que se encuentra el artero asesinato de Nepomuceno Moreno, en Hermosillo, y de Julia Marichal.

Así también, la profesora Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez -cuya hija fue asesinada en 2001-, fue atacada al salir de su casa sin que el criminal lograra acabar con su vida como sí lo hicieron con la de Marisela Escobedo en Chihuahua, cuando protestaba por la liberación del asesino de su hija.

Se trata en todos los casos de personas que decidieron salir a la vida pública para denunciar y defender sus derechos, los de sus comunidades y los de todas y todos nosotros frente al embate de la corrupción, la impunidad y la simulación que se esconde y se alimenta tras el crimen organizado.

Se trata también de ciudadanos y ciudadanas que creyeron que denunciando los hechos frente a las autoridades correspondientes y solicitando protección por los riesgos en que incurrían al denunciar, encontrarían justicia y verdad frente a la incertidumbre y dolor por la desaparición o muerte de sus familiares.

El grupo de integrantes del Movimiento que acudió a Santa María Ostula estuvo acompañado, hasta su llegada al lugar, por miembros de la Policía Federal; sin embargo estos no aceptaron la invitación de la comunidad para entrar con la pequeña caravana al municipio autónomo; dijeron que esperarían a su salida.

Sin embargo, nadie acudió en apoyo de la caravana cuando fueron asaltados, ni tampoco a lo largo de los 300 kilómetros que tuvieron que recorrer hasta Lázaro Cárdenas siguiendo las órdenes que recibieron de sus asaltantes. Nadie acudió a proteger a don Trino.

El ambiente de acoso y los asesinatos cometidos contra defensores de DH han aumentado de manera alarmante en las últimas semanas.

Las instituciones responsables de protegerlos, tanto federales como estatales, han demostrado su ineficacia, con frecuencia desinterés y en algunos casos su desprecio frente a estos ciudadanos, que con valor se deciden a buscar a sus familiares desaparecidos, a defender sus derechos individuales o colectivos y a exigir justicia.

Dentro de los pilares de la estrategia de seguridad pública de Felipe Calderón, junto con el embate frontal al crimen organizado y la reconstrucción del tejido social, incluyó la transformación de las instituciones responsables de garantizar esa seguridad.

No parece, sin embargo, tener éxito en su objetivo pues lo que ha venido ocurriendo desalienta a las y los ciudadanos a acudir a esas instituciones en busca de protección y auxilio. Por el contrario, temen que al denunciar sus testimonios caigan en manos de los delincuentes y los pongan en riesgo.

Javier Sicilia le ha reclamado a Calderón que antes de haberse lanzado a la guerra frontal contra el crimen organizado, debió de haber transformado a las instituciones de seguridad pública, como son las policías y las procuradurías y todo el aparato de justicia.

Tampoco se ha implementado el mecanismo de protección a defensoras y defensores de DH que le fuera solicitado a Calderón en los diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y respecto del cual emitió un decreto el pasado 6 de julio en el que instruye su creación dentro de la Secretaría de Gobernación.

La ausencia de un Estado que efectivamente proteja nuestros derechos más elementales, como son el derecho a la vida y a la integridad, es cada día más evidente. Así lo muestran los compañeros y compañeras caídos en esta lucha que al parecer no muestra signos de terminar, y por el contrario parecería estarse recrudeciendo.

Como pide Sicilia, guardemos un minuto de silencio por don Trino, por Pedro, por Nepomuceno, por Marisela, por Julia y por tantos otros y otras que han caído por defender su dignidad como seres humanos.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.

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