De las 893 mujeres víctimas de violación sexual, entre 1980 y el 2000, reconocidas por el gobierno Peruano, 146 han muerto sin alcanzar la justicia y reparación del daño, ya que ninguno de sus agresores, en su gran mayoría militares, han sido juzgados y sancionados, denunció Diana Portal, abogada de la organización: Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus).
En un comunicado, la abogada afirmó que esta es la consecuencia más dramática de la falta de voluntad política del gobierno por atender esta violencia perpetrada contra miles de peruanas durante los tiempos del conflicto armado interno que sacudió el país.
«Los tiempos de la justicia son demasiado lentos. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que las mujeres vulneradas en su integridad sexual puedan recibir una reparación integral que contemple la atención a su salud mental, montos económicos y acceso a la educación para sus hijas e hijos?», dijo.
Precisó que según el reporte del Consejo de Reparaciones (CR), instancia dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creada para revisar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, a julio del presente año habían fallecido 146 de las 893 víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), condición previa para acceder a las reparaciones a las que tienen derecho.
De acuerdo al CR son 747 las víctimas que quedan inscritas en el RUV, y a quienes les corresponde recibir las reparaciones económicas anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez.
El monto y la fecha para realizar las reparaciones no se ha establecido, toda vez que el 31 de julio de este año el Ministro instaló la Comisión Técnica Multisectorial que tiene como plazo 180 días para entregar la propuesta para ello.
Diana Portal, criticó que las mujeres que sufrieron otras formas de violencia sexual, como: desnudos forzados y prostitución, no sean incluidas en el Plan Integral de Reparaciones.
Deploró la insensibilidad mostrada por las autoridades del Estado para atender a las víctimas no sólo de violación, sino de las distintas formas de violencia sexual perpetradas en forma sistemática principalmente por efectivos policiales y militares como parte de la estrategia contrasubversiva aplicada por el Estado, tal como documentó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado al país el 28 de agosto del 2003.
Demus documentó que el CR, aún tiene pendientes de revisar otras mil 54 denuncias de violación sexual y 227 de violencia sexual, perpetrada por los subversivos y agentes del Estado, quienes practicaron esta violencia en forma sistemática como parte de su estrategia contra el terrorismo, vulnerando así los derechos humanos de miles de peruanas principalmente andinas y quechua hablantes.
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