En el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe realizado en Argentina en el año de 1990 la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano declaró el 28 de Septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, para impulsar el aborto legal y seguro en los 26 países de la región presentes.
Los objetivos de este Día son: la defensa de los derechos sexuales y reproductivos; la humanización de los servicios de atención de la salud reproductiva; la lucha por la disminución de la morbimortalidad materna: y lo promoción de la maternidad voluntaria, es decir, garantizar que las mujeres tengan la opción de elegir libremente si quieren o no ser madres y en qué momento.
Posteriormente siguieron avances a nivel mundial, en 1994 durante la Conferencia Internacional de la Población y Desarrollo, realizado en el Cairo, el Programa de Acción reconoció —por primera vez en un documento intergubernamental– al aborto inseguro como un grave problema de salud pública.
Después en 1995, el documento firmado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing reafirmó el contenido del párrafo 8.25 de Cairo, agregando al recomendación de que los países revisasen las leyes que penalizan a alas mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 107 K).
En 1999, en el proceso de revisión de Cairo + 5, el texto aprobado recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, pese a que aún no se incluyó en la revisión de las leyes punitivas.
Para el año 2000 en el documento final de Beijing + 5, en el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, se integra la necesidad de revisar las leyes que penalizan la practica el aborto inseguro y recomienda también que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo + 5, acerca de que los profesionales sean entrenados y los servicios, equipados debidamente.
Desde 1991 la coordinación regional de la campaña ha estado bajo la responsabilidad de organizaciones feministas de reconocida actuación en el ámbito de la defensa de los derechos reproductivos como: Católicas por el Derecho a Decidir, de Uruguay (1992 a 1994); el Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE), de México (1994 y 1997); el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), de Bolivia (1998 y 1999); la Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, RedeSaúde, de Brasil (2000-2002) y el Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán», de Perú (2003 a 2005).
El Instituto Alan Guttmacher estima que en 1991se provocaron cerca de cuatro millones de abortos en América Latina, y para 1999 se cree que el veinte por ciento de los abortos ilegales en el mundo tienen lugar en la región.
En el congreso internacional Abortion Matters realizado en Ámsterdam, Holanda, del 27 al 29 de marzo de 1996 se afirmó que «el aborto es un asunto de autodeterminación para las mujeres y que es profundamente denigrante para ellas sugerir que recurrirían irresponsablemente al aborto cuando este sea legal».
Estudios internacionales, afirman que en los países donde el aborto no es penalizado, como algunas de las regiones de America del Norte, Europa y algunos países de Asia, las muertes maternas son mínimas.
PEQUEÑOS PASOS EN CAMINO LARGO PARA MÉXICO
En 1936 Matilde Rodríguez Cabo, una estrecha colaboradora del general Lázaro Cárdenas en cuyo régimen ocupó los cargos de magistrada del Consejo Supremo de Prevención Social, jefa del Departamento de Previsión Social y Directora de Asistencia a la niñez, impulsó una propuesta para que el estado regulara y controlara la práctica del aborto en México, a pesar de no tener mucho éxito, sirvieron para sentar las bases del tema en la agenda nacional de esa época.
En México, la muerte materna es la cuarta causa de decesos de mujeres, según estimaciones oficiales de la Secretaria de Salud, para 1990 mil 477 mujeres murieron por esta causa.
La interrupción clandestina del embarazo es un grave daño a la salud física y mental, así mismo es una violación a sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, salud, autodeterminación, igualdad, sin torturas y daños, a la libertad de pensamiento, religión, y sobre todo al control de su propia fecundidad.
En abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF que permiten a las mujeres decidir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, de los 33 estados de la república el DF, es el único que dota a las mujeres de este derecho.
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