Las políticas económicas que pretenden la liberalización de mercados y quitan al Estado su obligación de garantizar el acceso a servicios básicos como la educación o la salud, afectan principalmente a las mujeres, la infancia, la juventud y los ancianos.
Lo anterior lo manifestó Javier Mújica, miembro del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), en entrevista con cimacnoticias durante la inauguración del seminario «Los procesos de integración regional de las Américas», que inició ayer y concluirá este sábado en esta ciudad.
La liberalización de los mercados, continuó Mújica, ha provocado un engrandecimiento de las empresas, sobre todo de las trasnacionales, y una disminución del poder del Estado para proteger el ejercicio de los derechos sociales en cuanto a necesidades sociales básicas de todas y todos los ciudadanos.
En cuanto al papel que las mujeres juegan en la sociedad, el abogado dijo que hay grandes disparidades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres porque hay roles productivos y culturales que obligan a que éstas tengan a su cargo la salud y la educación de sus familias.
Por lo tanto, agregó, al no garantizar el Estado el libre acceso a estos servicios y al privatizarlos, obligará a la mujer a asumir más cargas con menores recursos, ello aunado a que al integrarse a los mercados de trabajo no será por sus capacidades y virtudes sino por sus necesidades.
«Las mujeres tienen que ingresar a los mercados de trabajo porque los ingresos de los varones que por lo general son quienes tienen el rol tradicional de proveedores en las familias, ya no alcanzan», dijo.
Javier Mújica explicó que este acceso forzado de las mujeres al campo laboral se da bajo el esquema de la flexibilización y desregulación de la legislación del trabajo, lo que ha producido el establecimiento de zonas francas, zonas de maquila en donde la mano de obra es de mujeres principalmente.
En estos lugares, continuó, las mujeres son más explotadas: no se les pagan las horas extra, ni siquiera se les remunera el horario normal y además están expuestas al hostigamiento sexual, verbal, a la discriminación y no reconocimiento y valoración de su trabajo.
En el sector agrícola, añadió, la liberalización de los alimentos, la privatización de las tierras, el avance de la gran propiedad terrateniente, de las empresas trasnacionales y la apertura de los mercados a la producción agroalimentaria trasnacional, quiebran la pequeña producción rural, a cargo principalmente de mujeres.
Esta situación sin duda, indicó Mújica, tendrá terribles efectos sobre sus condiciones de vida porque entonces se verán forzadas a emigrar del campo a la ciudad en busca de mejores ingresos y en esta transición también se verán en desventaja, pues el acceso al entorno urbano también las expone a riesgos.
Advirtió que mientras no entendamos el significado de este proceso de apertura de economías, seguiremos siendo afectados en nuestros derechos humanos y laborales, por lo que pidió elaborar diagnósticos desde una perspectiva de los derechos violados y de las obligaciones ignoradas por las empresas.
Pidió la movilización y organización para constituir una nueva agenda política pública en la que los intereses de todas las mujeres y hombres del campo y la ciudad de todas las edades y de todos los orígenes culturales, puedan confluir en una sola demanda.
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