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Ecuador debe negar extradición de Lucía Morett: Rosario Ibarra

Por Guadalupe Gómez Quintana

La senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pidió al Gobierno de Ecuador no ceder a las “ignominiosas presiones” del Gobierno de Colombia para extraditar y procesar penalmente a Lucía Andrea Morett, estudiante mexicana que resultó herida el pasado 1º de marzo, cuando el ejército colombiano atacó en territorio ecuatoriano un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ataque, donde murieron 23 personas, entre ellas varios mexicanos, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), constituye un terrible agravio a la soberanía de Ecuador y al pueblo ecuatoriano, pues además de destrozar la más elemental esencia de respeto a los derechos humanos, abre peligrosamente la puerta al unilateralismo en las relaciones internacionales, en especial en nuestra región latinoamericana, señala la Senadora.

No conforme con los asesinatos, dice Ibarra en un comunicado, el gobierno colombiano pretende que se extradite a Lucía Andrea Morett Álvarez para incoarle una causa penal. Por eso pide al Gobierno de Ecuador, en un afán humanitario, que no ceda a las presiones de Colombia que busca desconocer los derechos humanos de Lucía.

La acción militar del gobierno colombiano constituye un terrible agravio a la Soberanía de Ecuador y al pueblo ecuatoriano, pues además de destrozar la más elemental esencia de respeto a los derechos humanos, abre peligrosamente la puerta al unilateralismo en las relaciones internacionales, en especial en nuestra región latinoamericana.

Tanto Lucía como los mexicanos que lamentablemente fueron asesinados, aclara Rosario Ibarra, no eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que se encontraban circunstancialmente en el campamento bombardeado.

Resulta profundamente triste –considera la luchadora social– que haya habido personas que se escandalicen por la presencia de mexicanos en un campamento de dichas fuerzas colombianas, prejuzgando sobre su línea de pensamiento o preferencias políticas, cuando lo que debe escandalizarnos es la forma atroz en la que perdieron la vida y el terrible sufrimiento por el que ahora atraviesan sus familiares.

DEFENSA HUMANITARIA Y LEGAL PARA LUCÍA

En forma paralela, María de Jesús Álvarez Moctezuma y Jorge Luis Morett Sánchez, madre y padre de Lucía Andrea Morett, solicitaron a organizaciones ecuatorianas de defensa de los derechos humanos su intervención para que representen la defensa humanitaria, y en su momento legal, de su hija, lo cual supone “proteger y buscar la mayor seguridad de una persona que en su condición de civil estuvo en el escenario de los hechos que mencionamos”.

Mientras, en México, organizaciones de universitarias y universitarios, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil emprendieron una movilización en defensa y apoyo de Lucía.

En una carta dirigida a “la comunidad internacional”, los participantes del Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos, que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, reprobaron enérgicamente el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, ocurrido el pasado 1º de marzo.

Esta situación, dice el comunicado del Taller, es violatoria de los diversos instrumentos Internacionales de Derecho Internacional, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos fundamentales aceptados por consenso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) de los cuales Colombia es parte.

El Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos es organizado por la Coordinadora por la Red de Monitores de Derechos Humanos, integrada por La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos AC, la Fundación Diego Lucero AC, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México.

También por el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo AC, la Asociación para al Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, en coordinación con organizaciones de estudiantes y con la colaboración de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por tanto, exigen que, de confirmarse la muerte “de nuestros compatriotas”, el Estado mexicano demande ante las instancias internacionales al Estado colombiano por delitos contra la humanidad.

E instan al Congreso de la Unión para que se cree una Comisión para que sean investigados dichos hechos y junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que interponga el máximo de sus esfuerzos para brindar apoyo y asesoría a los familiares de las víctimas y se proteja la integridad física y psicológica de amigos y grupos de estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y de estudiantes en general.

SIGNIFICADO DEL ATAQUE

Este ataque, señala el Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos, pone de manifiesto el desprecio que el gobierno de Álvaro Uribe con apoyo del Gobierno de Estados Unidos tiene por la vida y por la paz –indican– y tal crimen no solo atentó contra la vida de 24 personas, sino contra el acuerdo humanitario, la liberación de rehenes, la apertura de procesos de paz y distensión en Colombia y amenaza fuertemente la seguridad de la región de América Latina.

El ataque militar –asegura el Taller– se ejecutó actuando con premeditación, alevosía y ventaja, masacrando a personas de la población civil. Por lo menos cinco mexicanos fueron víctimas durante los hechos; Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo y Lucía Andrea Morett Álvarez estudiantes de la UNAM, así como Zoren Ulises, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros ya que falta confirmación de más personas. Todos estaban dormidos cuando ocurrió la masacre.

El ataque del ejército colombiano en contra de un grupo de las FARC se dio el día primero de marzo de 2008, después de media noche. Según cuenta Morett, el bombardeo inició en plena madrugada, al cual siguieron diversos disparos, dice el comunicado.

Cabe señalar, continúa el texto, que un bombardeo no es fortuito sino que se realiza cuando el victimario tiene localizado su objetivo previamente a través de tecnología de alta definición. Según el gobierno colombiano, el objetivo fue ubicado gracias a una llamada del presidente Hugo Chávez al fallecido Raúl Reyes, segundo representante de las FARC.

Por otro lado, continúa el documento, se sabe que los cuerpos de Raúl Reyes y de otros 2 miembros de la guerrilla no fueron encontrados en el lugar de los hechos ya que el ejército colombiano se los llevó. La masacre ocurrió en un campamento cerca del Río San Miguel y de una comunidad llamada Granada, en Ecuador, que se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de la frontera con Colombia. Por lo cual se violó la soberanía del Estado ecuatoriano.

Como es sabido, dice el Taller, Raúl Reyes, al que se le conocía como el canciller de las FARC, ejecutaba labores de comunicación y negociaciones para la liberación de rehenes que habían sido capturados por miembros de dicha organización, hecho conocido por el Estado colombiano, que por lo tanto cometió una ejecución extrajudicial.

Los cinco mexicanos que, de acuerdo con La Jornada del 10 de marzo, “ingresaron juntos a Ecuador el 31 de enero a través del aeropuerto Musical Sucre en un vuelo de la aerolínea Copa”, realizaron entrevistas académicas a políticos y dirigentes sociales ecuatorianos, visitaron universidades e hicieron algo de turismo.

El 23 y 24 de febrero participaron en el seminario internacional “Vigencia del Pensamiento Bolivariano” en la Casa de la Cultura de Quito; del 25 al 27 participaron en el Segundo Congreso Continental Bolivariano en la Universidad Politécnica y en el Teatro Nacional. El 28 se trasladaron a Lago Agrio y de ahí al campamento de las FARC a donde arribaron la noche del día 29″, narra el Taller.

Y explica que “todos tenían pasaportes legales con fecha de entrada al territorio el 31 de enero y de salida el 2 de marzo de 2008. Estas personas se encontraban fuera de las zonas beligerantes, llamadas zonas de retaguardia. Por todas estas razones, la brevedad de la estancia en Ecuador y su presencia física en México podemos afirmar que no son combatientes de las FARC sino que pertenecían un grupo de investigadores sociales, quienes realizaban sus investigaciones por su cuenta para poder realizar sus tesis”.

Manifestamos –señala el texto– nuestra preocupación por la utilización sistemática de tales violaciones de derechos humanos en contra de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El interés científico social de los mexicanos es evidente, ya que, por ejemplo, Lucía tiene un excelente promedio de 9.5, y es coordinadora de la Cátedra Libre Simón Bolívar.

Señalan además que si integrantes de las FARC han cometido delitos, que respondan por la violación de derechos ante el Estado colombiano y la comunidad internacional. Pero sus delitos no son una justificación para que el Estado cometa graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad anteriormente señalados. La liberación de rehenes es parte de una estrategia política y militar que necesita mucha precaución por parte de todas las partes involucradas, comentan.

De acuerdo al contexto –considera el Taller– todo parece indicar que el Estado colombiano pretendió abortar el acuerdo humanitario y evitar el proceso para el reconocimiento de las FARC como una fuerza beligerante porque tenía que cambiar las Convenciones de Guerra que normaran todo este proceso.

Es claro, indica el comunicado, que esta acción militar se ejecuta en un contexto en dónde se estaba en negociaciones para la liberación de rehenes que tenía las FARC, pretexto utilizado por el presidente de Colombia para afirmar que esta guerrilla es apoyada por Venezuela y Ecuador.

No menos importante es el hecho que dentro del ataque les fue imposible a las personas presentes defenderse ante el mismo. Por lo que el ejército colombiano optó por el aniquilamiento, aseguran.

“Al principio afirmamos que éste acto es un crimen de guerra ya que no hubo una orden de rendimiento ni mucho menos una respuesta agresiva, ya que estaban dormidos. Además la acción del ejército colombiano fue excesiva, algunos de los cadáveres presentaban impactos de proyectiles de bala en sus cuerpos, lo que sugiere que fueron rematados”, considera

Concluye el Taller que “es una acción alevosa y ventajosa que ha sido utilizada para que el Estado Colombiano escalara en su proyecto de guerra total, sustentándose en los supuestos de lucha contra el terrorismo apoyado por Estados Unidos, con una tibia respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con una acción del gobierno mexicano muy débil frente a los mexicanos que fueron víctimas del ataque con dimensiones muy grandes.

08/GG/CV

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