Inicio El 7 de julio inicia CoIDH juicio contra México por Caso Radilla

El 7 de julio inicia CoIDH juicio contra México por Caso Radilla

Por Nancy Betán Santana

El próximo 7 de julio, el Estado mexicano enfrentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su primera acusación por un caso de desaparición forzada: la de Rosendo Radilla, cuya historia fue rescatada del olvido por su hija, Tita Radilla, quien presentó la querella y es hoy vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Afadem).

De ser condenado como responsable por la desaparición forzada de Rosendo –ocurrida en los años 70, periodo conocido como “guerra sucia”, donde se registraron aproximadamente mil 200 casos similares– el Estado quedará obligado a adecuar una política institucional y legislativa donde, además de tipificar la desaparición forzada como un delito, los miembros del ejército puedan ser juzgados por las prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos, que aún prevalecen en nuestro país.

Así lo afirmaron hoy representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Afadem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en conferencia de prensa previa a la audiencia pública en Costa Rica donde el Estado mexicano será juzgado por un delito que las autoridades no reconocen.

REPARACIÓN DE DAÑOS

Dentro de la reparación de los daños, anotó María Sirvent Bravo-Ahuja, directora del Área Jurídica de la CMDPDH y abogada del caso, cabe la indemnización económica por daño moral y material para la familia Radilla Martínez, que aún vive con la incertidumbre del desconocimiento del paradero de los restos de Rosendo Radilla Pacheco.

Debe contemplarse en este punto, manifestó, la localización del cuerpo de Radilla para detener las afectaciones psicosociales que siguen deteriorando a sus hijos y nietos, pues su esposa falleció en 1984.

Además, acotó, se exige que el Estado sea obligado a reconocer su responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de los más de mil registrados por la Afadem.

INVESTIGACIÓN INCONCLUSA

Dentro de la sentencia, expresó, también debe contemplarse una continuación de las investigaciones que dejó incompletas la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), a través de un grupo de trabajo interdisciplinario que también indague en el informe de la Fiscalía, cambiado en varias ocasiones por los funcionarios de la misma instancia para revelar resultados que nunca han existido.

Esta acción incluiría, dijo, la creación de una instancia que labore auténticamente a favor de la verdad a través de la resolución de los casos, con Ministerios Público capacitados y recursos económicos propios.

FUERO MILITAR

Asimismo, la Corte debe asegurarse de que México garantice la no repetición del fenómeno. Esto, subrayó Sirvent, únicamente pude lograrse reformando, por ejemplo, el Artículo 13 constitucional y el 157 del Código de Justicia Militar, con el fin de que el personal del Ejército ya no cometa violaciones de derechos humanos, principalmente, en las comunidades rurales e indígenas.

El caso de Rosendo Radilla y su sentencia, pretende, enfatizó Sirvent, reconstruir la memoria histórica para dignificar la muerte de todas las personas que no cometieron ningún delito más que estar en contra de un gobierno represor y violento.

Para ver cumplido este objetivo, la abogada dio como ejemplo la edificación de un museo en homenaje a todos los desparecidos y caídos durante la guerra sucia en Atoyac de Álvarez y la inclusión de este capítulo en los libros de texto para darlo a conocer a generaciones posteriores.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la CMDPDH destacó que México sufre de una problemática política interior evidente para cualquiera que quiera verla. No obstante, personas y organizaciones que son directa o indirectamente afectadas por acciones como la desaparición forzada o la tortura parecen ser las únicas que dan cuenta de la realidad y hacen algo en torno a éstas.

Por último, dijo que respecto a cualquier sentencia dictada por la CoIDH, el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de cumplirla, pues, de lo contrario, estará incurriendo en la ilegalidad por la cual puede ser nuevamente acusado ante la Corte.

09/NBS/GG

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