El aporte de las mujeres en la política

Desde el 17 de octubre de 1953, cuando se marca un hito en la participación de las mujeres al asumir la responsabilidad política y el derecho a ser sujetas de la historia, a hoy, casi medio siglo de obtener el derecho ciudadano del sufragio; todavía estamos en la necesidad de hacer un balance de los avances y perspectivas desde que se aprobó la iniciativa de ley presentada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Tuvieron que pasar más de veinte años para que la igualdad jurídica de los hombres y las mujeres se incorporara al texto constitucional, lo que sucedió en 1974. Ahora debemos comprender la naturaleza de las desventajas estructurales con las que concursamos en el desarrollo y por qué no logramos ser efectivamente iguales.

El Siglo XX nos enfrentó a nuevos retos pero los rezagos se reprodujeron con la modernidad. La mujer en el medio rural no ha contado con las mismas oportunidades que la mujer en las zonas urbanas. Y aún así, al colectivo mujeres no ha correspondido la igualdad de oportunidades para la educación, tampoco a la salud y la buena alimentación, para la capacitación laboral y la oportunidad de empleo, para el salario igual a trabajo igual, tampoco para el acceso al crédito y a los recursos productivos, para la vivienda y la seguridad social, mucho menos son partícipes activas de la toma de decisiones.

La participación de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones públicas no se corresponde con su nivel de participación efectiva en las tareas políticas. Las cifras nos demuestran que los resultados electorales del 2 de julio de 2000, tan trascendentes para la vida democrática del país, no son tan positivas desde la óptica de la equidad de género. Las 80 diputadas y las 20 senadoras que iniciaron la LVIII Legislatura, no guardan relación con el 52 por ciento de mujeres en el padrón electoral. Tampoco el número es congruente con la proporción de mujeres que seguramente simpatizan con y militan en la mayoría de los partidos políticos, y que antes y durante la jornada electoral trabajaron arduamente en las campañas, o como representantes en las casillas y en los consejos del IFE.

De las 452 mil personas que se desempeñaron como funcionarios de mesas directivas en las más de 113 mil casillas instaladas, el 53 por ciento fueron mujeres. Por lo que hace a la observación del pasado proceso, participaron más varones que mujeres como observadores y visitantes extranjeros acreditados, en una proporción de 65 por ciento de hombres y 35 por ciento de mujeres. Por lo que hace a la mujer como votante, 48 por ciento correspondió a mujeres, frente a 52 por ciento de hombres.

De ahí el espíritu y la intención de las disposiciones legales en materia de participación política, en particular la reforma del Cofipe para garantizar el número de candidaturas hasta en 70 por ciento de un mismo sexo, para los cargos titulares de representación por mayoría relativa y plurinominales a partir del 2003.

De cualquier modo considero de la mayor importancia, el profundizar en la reflexión sobre las consecuencias que estos resultados, en materia de equidad de género significan para los intereses sociales y políticos de las mujeres, ya que es preciso reconocer que la participación política de las mujeres no se reduce a la obtención de cargos públicos ni a su actuación en los procesos electorales, ni que la lucha por su igualdad se restringe al ámbito de la política.

En este sentido, si comparamos la expresión formal de la equidad de género en el marco jurídico y en las estructuras políticas, con los indicadores específicos de desigualdad en el orden social y cultural, nos encontramos ante un panorama más bien pesimista, pues las leyes son un sustento más no la única acción. Las razones profundas de esta inequitativa situación de la participación de las mujeres es que se siguen reforzando patrones claramente desiguales de representación imaginaria entre los géneros.

Estudios sobre la cultura de la democracia en México nos revelan que existe un índice ligeramente menor de socialización política para las mujeres; sin embargo, el grado de involucramiento y de interés es muy similar e igualmente bajo para ambos géneros. Es el grado de escolaridad el indicador verdaderamente importante en relación con la participación política, determinante de que aumente o disminuye el interés en aportar en la política. Al respecto, vale la pena incidir en la cultura política como uno de los principales retos en materia de educación cívica.

* Lucero Saldaña es senadora. Correo electrónico: [email protected]