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El caso Paulina será presentado ante la CIDH el próximo 8 de marzo

Por Silvia Magally

El próximo 8 de marzo al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el caso Paulina, menor a quien autoridades panistas de Baja California negaron el recurso de aborto por violación, será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este se sumará a los 30 casos mexicanos pendientes de resolución en esta instancia, entre ellos, el de las 268 mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, el de tres hermanas indígenas tzeltales violadas por militares en Chiapas, así como el crimen de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa.

En Mexicali, Baja California, se encuentra la abogada Mónica Roa del Programa para América Latina y el Caribe del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) con sede en Nueva York, quien llevará el caso Paulina al ámbito internacional.

La defensora colombiana es reconocida por su amplia experiencia en la investigación y el análisis de leyes y jurisprudencia nacional e internacional en diversas áreas del derecho desde la perspectiva de género, en particular en la región de América Latina y el Caribe.

Coeditora de “Cuerpo y derecho: Legislación y jurisprudencia en América Latina”, la abogada Roa tuvo conocimiento del caso a través de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, como el Grupo de Mujeres Alaide Foppa AC, que desde el inicio apoyó a la menor en el procedimiento legal.

Mañana, la abogada del CRLP se reunirá al mediodía con los representantes de los medios de comunicación para hablar de los pormenores de este caso, que tres años después de la violación de Paulina será presentado ante la CIDH.

Como se recordará en julio de 1999, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto a los 13 años de edad fue violada en presencia de su familia, quedando embarazada. Junto con su madre María Elena Jacinto solicitó la interrupción del embarazo permitido por la ley en caso de violación.

Sin embargo, autoridades judiciales y de salud en Baja California impidieron que Paulina abortara anteponiendo sus creencias religiosas a las obligaciones legales de sus cargos, incluso intervinieron mujeres integrantes del grupo conservador Provida.

A la fecha, ningún funcionario estatal fue sancionado por violentar los derechos humanos de la menor a quien obligaron a la maternidad y sólo uno de los dos violadores se encuentra en prisión.

       
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