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El cierre de LyFC, práctica común del neoliberalismo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

El cierre de empresas públicas, con el “pretexto” de que representan “números rojos” para el Estado, son prácticas comunes de un país neoliberal, cuyo fin es privatizar sectores estratégicos, sin importar el despido de miles de trabajadoras y trabajadores, tal es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), señaló María Estrella Zúñiga Poblete, abogada laboral chilena.

En entrevista con Cimacnoticias, la integrante del Tribunal Internacional de Libertad Sindical señaló que el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que dejó a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres sin empleo, no es un tema nuevo en Chile, un país con larga historia de privatización.

“Nosotros vivimos el tema de la privatización antes, durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet. Al término del último gobierno democrático popular, que fue en 1973, el dominio estatal de las empresas era de alrededor de 460, para 1980, en tiempos de la dictadura, sólo quedaban empresas estatales. Y a principios de los años 90 terminaron de privatizar las únicas empresas que iban quedando”, relató.

En Chile todo pasa por el mercado, la salud, la vivienda, la seguridad social, penitenciaria y todos los niveles educativos, esta circunstancia redujo al Estado “a su minima expresión”, y derivó en relaciones laborales muy precarias, con jornadas extensas, magnitud de trabajo informal tremendo.

Por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, Chile, la empresa concesionaria Sociedad Aeropuerto (SCL) tiene 150 trabajadores de portaequipajes sin contrato de trabajo. En ese país, hay empleados informales en todas las áreas de producción.

El crecimiento de la economía informal es otra coincidencia que Chile comparte con México, ya que en las zonas urbanas del país, 49 por ciento de las mujeres se ocupa en este sector, frente al 40 por ciento de hombres, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres.

En Chile, lo que queda de control estatal sobre empresas, se reduce a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que extrae 30 por ciento de la producción nacional, el restante 70 por ciento, está en manos de cinco mineras transnacionales, que, además, extraen oro, plata, manganeso, litio, y otros minerales, empresas que no pagan impuestos.

Los “pretextos” con los que justificaron la desaparición de LyFC, son los mismos que escuchamos en Chile, “con Ricardo Lagos, Eduardo Frei, ambos ex presidentes de una supuesta democracia, decían que las minas de carbón eran inoperantes, ineficientes, y que producían cifras rojas para el gobierno”, mencionó.

Cabe recordar que el argumento que Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo mexicano, utilizó para liquidar LyFC, y, a su vez, al SME, fue que la empresa era ineficiente y representaban un gasto excesivo para la nación.

En el caso de la industria carbonera en Chile, “no les importó dejar en el desamparo absoluto a 30 mil trabajadores, que llevaban generaciones y generaciones, trabajando en la extracción del mineral”, agregó.

El tema de la ineficiencia y de los costos, son los argumentos dirimidos siempre por aquellos que quieren ir desprendiendo al Estado del control de algunas empresas, que generalmente son de roles estratégicos, sostuvo.

Zúñiga Poblete refirió que en su país, “se privatizaron todas las empresas que controlan servicios sanitarios, la electricidad, la telefonía”.

Al igual que la privatización, la libertad sindical en Chile y en México, es un derecho que las mayorías trabajadoras no ejercen.

En el país sudamericano, “la sindicalización es un problema gravísimo, porque es un derecho cercenado, a pesar de estar reconocido parcialmente en la Constitución, en los hechos es una ilusión, ya que el índice de sindicalización no supera 7 por ciento”.

En México, sólo 10 por ciento de más de 44.5 millones de trabajadoras y trabajadores están sindicalizados, de acuerdo con información del Centro de Investigación y Asesoría Laboral.

10/GCJ/LR/LGL

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