Pobreza, violencia doméstica, corrupción, impunidad, son algunos de los elementos que fomentan la pederastia. En México tenemos todos y algunos más.
En 2003 la noticia, el escándalo. Un hotelero de Cancún, Succar Kuri, era pederasta. Como suele ser en estos casos, sólo fue la punta de un iceberg. Sólo que, ya sabe usted, aquí los icebergs suelen ahogarse en mares de poder.
El caso Succar dio lugar al caso Lydia Cacho. Poderoso empresario Kamel Nacif de por medio, poderoso gobernador Mario Marín de por medio, poderosa Suprema Corte de Justicia de por medio, y aquí no pasó nada. Fin de la historia. Tristes lecciones. El día que la Corte falló en contra de Lydia, una de las víctimas de Succar le llamó para decirle desesperada: Lydia, si eso te hacen a ti, ¿qué podemos esperar nosotras?
No gran cosa. Esa es parte de la tragedia en nuestro país. Las víctimas de pederastia no pueden esperar gran cosa. Independientemente de la impunidad y la corrupción que en México contaminan todas las esferas, no hay leyes homologadas en el país que les protejan. En algunas entidades ni siquiera está contemplada como delito la pederastia. No hay políticas públicas para evitarla o prevenirla. Y, peor aún, la niñez cabe sólo en el rubro de la asistencia social, en el de la caridad, en el Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que «México ha estado firmando acuerdos internacionales sin generar una nueva institucionalidad con instancias que fueron creadas desde los años 40, con la idea de que las esposas de los presidentes de la República, del gobernador, del presidente municipal, atendieran los temas de un sector marginal» (Cimacnoticias, abril 4 de 2008).
En efecto, los DIF en el país lo mismo se encargan de repartir cobertores a las personas ancianas que viven en pobreza, que prótesis a las discapacitadas en las comunidades rurales, que administrar el asilo o la casa hogar para niñas y niños, que apoyar a menores de edad que viven en la calle, que desarrollar programas contra adicciones. Y todo eso con bajo presupuesto que complementan con ayuda de trabajadoras voluntarias, que lo mismo se encargan de organizar el festival de la niña y el niño, que el té canasta para recaudar fondos.
Hace dos años –dice el investigador Sauri– en el reporte que México hizo a la ONU en materia de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, mostró que el presupuesto asignado para el programa «De la calle a la vida», que trabaja con niñas y niños de la calle víctimas de explotación sexual, en 2005 representó la mitad que en 2004. Y todo «porque el DIF nacional no tiene presupuesto etiquetado para combatir la explotación sexual».
Ni el DIF ni ninguna otra institución oficial.
Sauri, quien presentó a principios de este mes el libro «La infancia cuenta en México, 2007», fue categórico al afirmar que en México no hay planes ni programas anuales, ni a nivel federal ni estatal específicamente diseñados para defender los derechos de las niñas y los niños de México. Es más, agregó, los gobiernos no saben cuánto invierten en estas tareas.
No es lo único que el gobierno no sabe. ¿De qué tamaño es el problema en nuestro país?
No saben. Ni siquiera se sabe, por ejemplo, cuántos menores viven en situación de calle en nuestro país. Hay estimaciones oficiales que señalan que hay cerca de 16 mil niños y niñas víctimas de explotación sexual en México. Hay estimaciones no oficiales que ponen focos rojos en polos turísticos como Cancún.
Pero, a la par, hay quienes desestiman el asunto diciendo que esos estudios no son actuales y que en Cancún había sólo un pederasta, Succar Kuri, y ya está en la cárcel.
No todo está perdido. Hay varias organizaciones civiles tomando al toro por los cuernos. Ahí está, por ejemplo, el CIAM de Cancún. Ahí están los refugios para víctimas de violencia. Y ahí está, también, ECPAT Internacional, una red internacional de organizaciones y de personas que trabajan para eliminar la explotación sexual comercial de niñas y niños.
Hace 12 años, Unicef, ECPAT y otras ONG, organizaron el Primer Congreso Mundial contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes, que se realizó en Suecia. Ahí se puso sobre la mesa esta problemática de la que se sabía poco y se hablaba menos.
El Segundo Congreso, que tuvo lugar en Japón en 2001, consolidó alianzas, fortaleció compromisos y permitió compartir conocimientos y experiencias sobre los diferentes aspectos de la explotación sexual comercial infantil. De este evento derivaron reuniones de seguimiento organizadas en distintas regiones del mundo entre 2004 y 2005.
Este año se llevará a cabo el Tercer Congreso, en Río de Janeiro, Brasil, del 25 al 28 de noviembre (www.ecpat.net.).
Por desgracia, no parece que será el último.
* Periodista y feminista en Quintana Roo, México, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
08/CL/GG/CV
