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El Derecho Humano al agua y al saneamiento

Por Ingrid Spiller *

La aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reconoce “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano”, es una importante victoria parcial. No es completamente por lo que muchos grupos y movimientos en todo el mundo han luchado desde hace más de 10 años.

Sin embargo, es un paso políticamente importante en el camino hacia un pacto internacional vinculante, que asegure el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento.

Es importante mencionar que además de reconocer este derecho, la resolución “exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales, a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

Los debates sobre esta resolución dan una buena imagen de los diferentes intereses con respecto al tema. De los 122 países presentes en esta votación, 41 países se abstuvieron. Entre ellos muchos países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra,
Australia, Austria, Canadá, Grecia, Suecia, Japón, Israel, Corea del Sur, Luxemburgo, País Baja, Dinamarca e Irlanda. Sin embargo no se trató únicamente de un conflicto NorteSur.

También países del sur, entre ellos en la mayoría países africanos, se abstuvieron como Botswana, Etiopía, Kenia, Lesotho, Zambia, Guyana, y Trinidad y Tobago. Su negación de aprobar la resolución no necesariamente significa que no reconocen principalmente el derecho al agua potable y al saneamiento.

En el caso de los países del sur, muchas veces es la responsabilidad que temen, y que se encuentra, aunque suavemente, en el texto. Como Estado no quieren retomar la responsabilidad de garantizar agua potable y menos saneamiento básico para su población.

LOS OBSTÁCULOS

La resistencia más grande, sin embargo viene de parte de países del Norte, en primer lugar los EU. Hay dos grandes diferencias con el texto actual de la resolución:

Por un lado es la inclusión del tema de saneamiento, ya que todavía está poco definido lo que significa este derecho. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué se tiene que asegurar? Qué es saneamiento básico?

Preguntas que en los próximos dos años se discutirán en el Consejo de DH de la ONU. La mayoría de estos países querían esperar los resultados de estos debates antes de aprobar la resolución.

Por otro lado, es el tema de la privatización: a cada rato aparece el debate respecto a si el derecho humano al agua principalmente excluye la privatización de los sistemas de agua o no.

La privatización de los sistemas de agua ha sido un tema muy contradictorio, desde hace más de 10 años, y ha provocado muchas luchas y una movilización fuerte de parte de la sociedad civil. El caso más notable fue la privatización de los sistemas de agua en la Ciudad de Cochabamba y el fuerte aumento de los precios del agua poco después.

Cuando la población protestó, mandaron el ejército a las calles con el resultado de muchos heridos y 7 muertos. Por fin, la empresa extranjera se retiró.

Sin embargo, Cochabamba no ha sido el único caso de privatización en el mundo, y el tema sigue siendo virulento.

ANTECEDENTES

Esta resolución del 28 de julio, no significa que antes el derecho al agua y al saneamiento no haya existido. En la Declaración Universal de los DH no está mencionado de forma explícita, sin embargo ya existen Convenciones Internacionales, jurídicamente vinculantes, que de manera implícita incluyen este derecho.

Entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Particularmente, el último ha tenido un gran impacto en los debates sobre el derecho al agua. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó en 2002 una interpretación de este derecho, conocido como la Observación No 15.

Allí definieron lo que significa el acceso básico al agua potable, e, interesantemente no excluyeron la privatización de los sistemas de agua. Sin embargo, lo limitaron fuertemente en el sentido de que los Estados tienen que garantizar la regulación de la distribución.

Con base en estas convenciones, hace dos años, en marzo del 2008, el Consejo de DH de la ONU ha nombrado una experta independiente, la Portuguesa Catarina de Albuquerque, para las obligaciones de derechos humanos con respecto al acceso al agua potable y el saneamiento.

Dicho mandato incluye clarificar las obligaciones jurídicas de las diferentes entidades, como Estados y organizaciones internacionales.

Su énfasis va ser en el tema de saneamiento, ya que la Observación No. 15 ya clarificó ampliamente estas obligaciones con respecto al agua potable. Esta resolución es importante, sin embargo, no es más que una etapa en la lucha por el derecho humano al agua y el saneamiento: sin vinculación jurídica, este derecho se queda “sin dientes”.

Solamente permite responsabilizar moralmente a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional, sin compromiso legal. Sólo si hay vinculación jurídica, los gobiernos están obligados a tomar medidas concretas para garantizar este derecho, como leyes, presupuestos, información y educación, etc.

Por eso hay que seguir luchando al nivel internacional por una convención vinculante y al nivel nacional por medidas concretas que anclen este derecho.

* Representante de la Oficina Regional México, Centroamérica, el Caribe de la Fundación Heinrich Böll Stiftung

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