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El deslinde de responsabilidades

Por Lourdes Godínez Leal

Aunque mucho se ha insistido en que la prevención es fundamental para combatir la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), lo cierto es que en México prevalece el deslinde de responsabilidades y desinterés por el tema.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución mexicana responsable del trabajo con la niñez, lanzó en 2002 las campañas «Abre los ojos» y «Abre los ojos pero no cierres la boca» para combatir ese fenómeno, sin que se conozca resultado alguno.

Al día de hoy, no existe un registro del impacto en los medios de comunicación dichas campañas, porque ni siquiera tuvieron presencia en éstos. Al respecto, la directora del DIF, Ana Rosa Payán, reconoció en entrevista, «que son campañas truncas que no dieron los resultados deseados».

A pesar de la existencia de esas fracasadas campañas y del número de denuncia telefónica que lanzó la Procuraduría General de la República 01 800 0210343, ésta tampoco cuenta con datos oficiales sobre la magnitud del problema.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), se ha negado a colaborar con las asociaciones civiles para abordar el tema en las escuelas con los maestros, denunció la directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, niñas y niños para América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa.

Ante la falta de voluntad política, la investigadora dijo en entrevista, que ya trabajan con la Subsecretaría del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Instituto de las Mujeres del DF en una cartilla sobre ESCI, que será entregada en los diferentes planteles educativos.

En 2003, el director general de Tráficos y Contrabando de la Policía Federal Preventiva, según el documento Memoria del Foro Internacional sobre Explotación Sexual Infantil, enfatizó que la corrupción, la ausencia de reglamentaciones concretas y la clandestinidad obstaculizaban el trabajo de esta corporación en los puntos de venta para la ESCI.

Rescatadas sin salida

Uno de los objetivos del DIF, según su ex directora Ana Teresa Aranda, en el documento citado anteriormente, es el trabajo con los modelos de atención integral, cuyo objetivo es dar atención con calidad y calidez a las víctimas de explotación sexual y sus familias.

Sin embargo, no existe un mecanismo de seguimiento adecuado que asegure que estas niñas y niños rescatados se reincorporen al núcleo comunitario y familiar y no sean vendidos nuevamente.

«Cada año, Estados Unidos regresa por sus siete cruces fronterizos alrededor de 40 mil niñas y niños; en Tlaxcala, las niñas son revendidas por dos chivos y un cartón de cervezas» según datos de la investigadora Teresa Ulloa.

No obstante, Ana Rosa Payán, explicó en entrevista que estas niñas y niños llegan a los DIF municipales donde son atendidos con terapias psicológicas, pero quien «se supone» debe dar seguimiento a cada caso, es la Procuraduría del Menor en los estados.

«En teoría» la Procuraduría tiene la obligación de ver a las y los niños cada tres meses, sin embargo, no hay garantía de que esto suceda, toda vez que continúa la reincidencia, pero esta vez las y los niños son enviados a las casas Cuna estatales.

Instrumentos legales

A pesar que desde hace 9 años la Relatora Especial para la niñez, Ofelia Calcetas-Santos, durante su visita a México, alertó a las autoridades sobre el aumento de la ESCI en diferentes estados de la República, y del exhorto para revisar la legislación federal y de los estados para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta ahora se analiza la posibilidad de adecuar las legislaciones locales.

Todavía existen estados en los que no se ha logrado tipificar como delito el abuso sexual, hostigamiento, estupro e incesto y de violencia familiar, así como trata de personas.

Mientras no exista una verdadera voluntad política y un trabajo conjunto entre las tres instancias de poder con las organizaciones civiles, difícilmente se podrá combatir el problema, mismo, que prevén las especialistas en el tema, podría rebasar a las autoridades como ocurre en el caso del narcomenudeo y el narcotráfico.

Recuadro
Testimonio de una chica mexicana enganchada por internet a los 13 años publicado en la historieta educativa «Nunca nada será igual» (DPAC, CATW, IASIS, Inmujeres).

» …No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté en un cuarto donde había algunas niñas y niños, como yo, tapados de la boca y atados
de pies y manos en el suelo, llorando.

Frente a un grupo de hombres mayores de edad nos ofrecían en venta, como si fuéramos mercancía. A mi me escogió un señor que le pagó a otro y luego me metió a un cuarto que tenía como puerta una cortina, una cama vieja y sucia donde fui violada por primera vez. Me hicieron tener relaciones cada 15 días, luego cada semana, hasta que eso fue a diario.

Nos daban droga, ahora sé que también nos daban pastillas para no quedar embarazadas. A las que se embarazaban las hacían abortar o las abandonaban.

Nunca supe cuándo fue mi primera menstruación, no supe si fue cuando sangré tantos días que los señores que nos cuidaban se espantaron y me dieron unas pastillas.

Ya nada ha sido igual, aunque llegué con mi familia hace tres años y trato de cambiar mi vida, sé que nunca nada será igual. Sé que salí viva y que estoy con mis seres queridos, pero yo no seré la misma nunca más…»

RECUADRO

¿Y la «clientela»?
Elena Azaola, Teresa Ulloa y Elsa Conde, tres especialistas mexicanas en redes criminales de prostitución infantil, sostienen que se debe penalizar a los denominados clientes, consumidores o prostituidores de niñas y adolescentes como una estrategia para erradicar el fenómeno.

Así lo valoraron al participar en la Mesa de Medios y Género organizadas cada mes por la Fundación Friederich Ebert (FES) y la Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

En México, a diferencia de lo que ocurre en Suecia, no hay propuesta de sanción a los consumidores de ésta, «la forma más antigua de violencia» dijo Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATW por sus siglas en inglés), por lo que nuestro país es y será un paraíso para éstos «que no llamamos pederastas, porque ese término implica un trastorno» y no un delito.

Ante la falta de legislación contra la trata de personas y la inercia de las distintas instituciones «si no ponemos el tema en la agenda pública nos rebasará» igual que el narcomenudeo, agregó.

Ulloa, candidata a las Mil Mujeres por el Premio Nóbel de la Paz, estima que unas 200 mil niñas y niños vivirían la realidad de la explotación sexual infantil con fines comerciales e hizo hincapié en que 85 por ciento de las actuales trabajadoras sexuales iniciaron este camino a los 13 años de edad en promedio.

Elena Azaola, autora de Infancia Robada, estudio extensivo sobre el fenómeno en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lamentó que si se contrastan los acuerdos internacionales signados por México en el tema y las acciones para combatirlo «los resultados son bastante tristes.»

Igualmente, se pronunció porque no solo se centre la atención en las víctimas sino mirar a los compradores de este supuesto «servicio» y evitar desde allí al problema.

Por su parte, Elsa Conde, investigadora del fenómeno de la explotación sexual infantil en la Merced, denunció que desde 1994 a la fecha son pocos los cambios de fondo en esta zona y persiste en todo el país «una demanda de varones que alimentan una sexualidad sin responsabilidad social»

Y advirtió que solamente quedan tres sesiones en la Cámara de Diputados antes de que se acabe el periodo ordinario, por lo que el dictamen de la iniciativa para penalizar la trata de personas pende de un hilo.
06/LGL/LR

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