El feminicidio es ya un grave problema en Sinaloa, entidad en la que de 2004 a la fecha han sido asesinadas 57 mujeres, 30 de ellas en los primeros siete meses de este año, de acuerdo con cifras del gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El Consejo Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), reportó que de los 26 asesinatos de mujeres registrados en este año, 15 fueron cometidos con armas de fuego, seis con arma blanca, tres más fueron por ahorcamiento y uno a golpes.
A éstos se suman las ejecuciones de cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, en la comunidad Lorenzo F Robles, asesinadas el jueves.
La mayoría de los crímenes fueron cometidos por familiares cercanos, ex parejas sentimentales y maridos de las víctimas, pero varios de los asesinatos no han sido denunciados ya que, en contraste con las cifras de la CEDH y el CEPAVI, la Procuraduría General de Justicia del Estado registra sólo 18 casos.
De este número, según informes de la Procuraduría estatal, están en proceso de solución 10 casos en los que se ha detenido y consignado ante tribunales a los responsables, quienes están todavía sujetos a proceso penal para determinar su responsabilidad en los homicidios.
De los asesinatos de mujeres reportados este año, 11 corresponden a Culiacán, la capital del estado; siete a Navolato, dos a Mazatlán y uno cada uno a Mocorito, Guasave, Elota, El Fuerte y Escuinapa.
Las causas de los crímenes son, en primer lugar, la violencia intrafamiliar, seguida de la relación de las víctimas con actividades ilícitas, como el narcotráfico y, en tercer sitio, las relaciones amorosas o de noviazgo de las mujeres asesinadas, de acuerdo con los informes de la CEDH.
Desde 2003, organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, han cuestionado la falta de actuación de las autoridades estatales ante el creciente problema de la violencia feminicida en la entidad, considerada una de las más inseguras del país.
Olga Ofelia Ruiz Varela, activista sinaloense de derechos humanos, denunció entonces que en cinco años el fenómeno del feminicidio en la entidad había aumentado en 320 por ciento y que, entre 2000 y 2003 los ataques y homicidios crecieron otro 125 por ciento.
Además, el número de denuncias presentadas ante la Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia ha venido aumentado en forma alarmante desde 1998, de acuerdo con las organizaciones civiles, que han puesto en tela de juicio la actuación del gobierno estatal y del Instituto Sinaloense de la Mujer.
Al igual que en Ciudad Juárez, denunció Ruiz Varela, las víctimas son juzgadas a partir del «mito de la vida de las mujeres decentes, las que no se arriesgan», o desvalorizadas públicamente por la misoginia oficial que presenta los casos a la prensa justificando los móviles por el estilo de vida o la conducta de las mujeres asesinadas.
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