Organizaciones de Derechos Humanos (DH) dirigieron una carta a José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación (SG), en la que advierten que «bajo ninguna circunstancia», la reforma al artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, debe extender el fuero a militar a delitos que constituyan violaciones a los DH de civiles.
Las organizaciones firmantes, con motivo de los compromisos señalados por el funcionario en su reciente comparecencia ante el Senado de la república, expusieron «aspectos fundamentales» que esta autoridad debe tener en cuenta antes de modificar el Código de Justicia Militar.
Refirieron que dicha reforma, constituye una obligación del Estado, derivada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Rosendo Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos Mexicanos.
Luego de citar lo dicho por Blake Mora en la Cámara de Senadores, respecto a que el gobierno mexicano está pendiente de dar cumplimiento a la resolución dictada por la CoIDH, señalaron que de acuerdo con el derecho internacional de los DH, y el artículo 13 constitucional mexicano, establecen que «en ningún caso en que esté involucrado un civil, procederá el fuero de guerra».
Además de las legislaciones, la CoIDH advierte que el fuero militar debe restringirse a la función de su competencia (funciones propias de las fuerzas militares), por lo que su uso debe ser excepcional en una democracia, mencionan las y los defensores de derechos humanos.
Al respecto, la sentencia refiere que «la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de DH sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.»
En la misiva, las organizaciones señalan también a la SG, que la reciente militarización de la seguridad pública y la persistencia de la aplicación extensiva del fuero militar, a casos de violaciones de DH de civiles, «exige del Estado controles democráticos para regular el uso de la fuerza y combatir los abusos y la impunidad que los solapa».
Actualmente, recordaron, la CoIDH discute la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por militares, delitos que a la fecha continúan impunes.
De igual modo, permanece en la impunidad, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, quienes fueron «ilegal y arbitrariamente detenidos y torturados por militares», estos casos también son analizados por la CIDH.
Precisaron también que la iniciativa que se presente a consideración del Legislativo, así como en las discusiones que sostendrán las y los legisladores, deben tener en cuenta que «el Código de Justicia Militar, es una disposición amplia e imprecisa, que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado», como lo señala la CoIDH en la sentencia del caso Rosendo Radilla.
La posibilidad de que los tribunales militares juzguen a los miembros del ejército a quienes se les imputa un delito del fuero civil, por el hecho de estar en servicio, «implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar».
Por lo anterior, puntualizaron que aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio, no es suficiente para que se les otorgue el fuero militar.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», la Red Nacional de Organismos Civiles de DH «Todos los Derechos para Todas y Todos» y el Centro de DH «Miguel Agustín Pro Juárez», entre otras.
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