El gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez, decidió cancelar la instalación de la primera mesa interinstitucional y diálogo donde se analizarían los expedientes judiciales de las más de 200 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, programada para el día de hoy.
A decir del gobierno estatal de Chihuahua la cancelación de la mesa se derivo del enfrentamiento que tuvo el gobernador de la entidad y su esposa con integrantes de las organizaciones civiles de la entidad, cuando el miércoles pasado intentaron entregarle una misiva.
El documento contenía la petición de las organizaciones civiles, agrupadas en la campaña estatal Ni una más, para que le solicitara al gobierno federal y éste a su vez hiciera lo propio al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que participara en el esclarecimiento de los casos.
Los medios de comunicación locales registraron el enfrentamiento entre las activistas –familiares de las víctimas– con los guardaespaldas del gobernador, en donde a decir de las militantes salieron lesionadas tres personas.
Por su parte la versión del gobierno del estado asegura que la señora esposa del gobernador Patricia de Martínez fue agredida por las activistas.
Como respuesta al supuesto enfrentamiento, el gobernador canceló la instalación de la mesa y ordenó remover la cruz de acero que las organizaciones de mujeres habían colocada en la Plaza Hidalgo desde hace más de dos meses.
A decir de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, el gobierno del estado canceló la instalación de la mesa «debido a los grupos de mujeres que calificó el mandatario estatal como de antigobiernistas».
En tanto integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa manifestaron ayer en conferencia de prensa, su decepción por la cancelación de la mesa de trabajo interinstitucional en la capital.
Al mismo tiempo explicaron, en voz de Rosario Acosta, que el acto público del miércoles pasado intentaron acercarse al gobernador para entregarle la misiva pero la respuesta del jefe del Ejecutivo estatal fue correr y empezar a burlarse de ellas gritando «ni una más».
«El gobernador nos contestó que por qué no le gritaron esa frase a su antecesor Francisco Barrio», explicó Acosta. Además, indicó que a pesar de la negativa del Ejecutivo estatal de recibirlas, y tras la revuelta, se entrevistaron con el secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza, quien aseguró que en marzo pasado el gobierno estatal le solicitó a la cancillería mexicana que pidiera la intervención del FBI.
Agregó que el gobernador Martínez prometió que a más tardar el 28 de junio dará una respuesta a las organizaciones civiles para que conozcan los avances relativos a la intervención del FBI y así darles una fecha para la instalación del laboratorio de ADN.
La mesa de trabajo estaría integrada por un representante de la Procuraduría de Justicia, familiares de víctimas, organizaciones civiles del estado y del Distrito Federal y el sector maquilador, a fin de revisar los expedientes y verificar avances de las investigaciones.
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