En poco más de un año el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) logró que el presupuesto de uno de los estados más poblados de México tenga visión de género, además de que el Congreso estatal aprobara una ley sobre violencia intrafamiliar al considerarlo como delito y causal de divorcio.
Desde su apertura, el 15 de febrero del 2001, Norma Reyes Terán está al frente del IMO a fin de erradicar la discriminación hacia las mujeres y en pro del ejercicio pleno de sus derechos en la vida pública, cultural, económica y social del estado.
A partir del 2002 Oaxaca es el primer estado en el país, y en toda América Latina, donde todos los programas operativos anuales se llevan al cabo tomando en cuenta a las mujeres.
Por primera vez el 19 de diciembre pasado quedaron establecidas en el presupuesto de egresos del estado las normas que tienen que seguirse para que todos los programas de la administración pública que se ejecuten beneficien por igual a hombres y mujeres.
Además, se ordenó también que cada una de las dependencias estatales presente sus estadísticas desagregadas por sexo, «a fin de obtener, de ahora en adelante, información real y necesaria para planear en el futuro y de la mejor manera los programas de gobierno con perspectiva de género», señaló la funcionaria.
Otra tarea que ha asumido el IMO es la capacitación con perspectiva de género a todos los funcionarios y funcionarias de primer nivel del gobierno, incluido el gobernador José Murat; quien, por cierto, el pasado 8 de marzo les prohibió a todas las oficinas gubernamentales solicitaran el certificado de no gravidez.
Asimismo el Instituto de la Mujer presentó una iniciativa para reformar los códigos penal, civil y de procedimientos penales y civiles, lo mismo que la Ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar en el estado, aprobadas para darle a Oaxaca un marco legal justo.
Esto en virtud de «que garantizan que se elimine la complicidad y se proteja a los menores como víctimas de abuso y de explotación», aseguró Reyes Terán.
Con excepción de Oaxaca, ningún otro código penal mexicano incorpora la violencia intrafamiliar como delito, el cual «engloba los actos de poder, las omisiones, las interrelaciones familiares, el objeto de la violencia y las consecuencias en todas sus modalidades», además de incrementar la pena máxima a cuatro años de prisión, antes estipulados de tres años, asegura orgullosa la funcionaria.
Asimismo el actual Código Penal establece la reparación del daño a las víctimas de violencia –incluidos los pagos de tratamientos sicoterapéuticos–, al mismo tiempo que se hicieron reformas para combatir la corrupción de menores, el hostigamiento sexual y el estupro.
Por otro lado el 6 de septiembre del 2001 se aprobó el Programa Estatal de la Mujer 2002-2004, elaborado por el IMO con nueve ejes temáticos: educación, salud, trabajo y seguridad social; justicia, derechos humanos, familia, arte y cultura, comunicación pública, así como ejercicio del poder y toma de decisiones.
También, el IMO interpuso en mayo pasado una queja ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) con el propósito de sancionar a los partidos políticos que no cumplan con el principio de equidad, en el sentido de que ninguno de los dos géneros debe tener más del 70 por ciento de los puestos a elección popular; como lo establece la legislación electoral local.
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