A pesar de que Perú está considerado un país de Desarrollo Humano Medio, sus índices de desnutrición infantil y la prevalencia de anemia entre las mujeres gestantes son equiparables a naciones como Senegal, Guinea o Haití, clasificados entre los de Bajo Desarrollo Humano por las Naciones Unidas, informa la agencia SEMlac.
Según un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la desnutrición crónica entre los infantes peruanos menores de cinco años es superior al 26 por ciento. Además, más de la mitad de las niñas y niños entre los 12 y 35 meses sufre de anemia, detalla SEMlac.
Un efecto de la deficiente nutrición se refleja en el crecimiento: casi un cuarto de la población infantil del país tiene una talla inferior a su edad.
De otro lado, el 38 por ciento de las mujeres en edad fértil presenta un alto porcentaje de anemia. En promedio, ellas cubren solamente el 67,2 por ciento de sus requerimientos diarios de energía. Los departamentos de Tacna, Ancash, Puno y Huancavelica presentan las situaciones más críticas, según el informe.
El panorama, no obstante, tampoco es mejor para los varones. De acuerdo con la FAO, 13 millones 300 mil peruanos, es decir el 49 por ciento de la población, padece deficiencia calórica en su alimentación, debido a la situación de pobreza en la que vive, con ingresos inferiores a los tres dólares diarios y, en no pocos casos, sin ingresos.
De esta manera, la pobreza constituye una amenaza permanente para la seguridad alimentaria de este país andino de 28 millones de habitantes, a juicio de expertos.
Lamentablemente, la situación no es exclusiva del Perú. Según estudios de ese organismo internacional, 53 millones de personas, el 10 por ciento de los habitantes de la región sufren algún grado de desnutrición. Además, el 20 por ciento de los niños latinoamericanos presenta desnutrición crónica.
En el Informe de Desarrollo Humano 2005, Perú ocupa la posición 79 entre 177 países. La cifra, sin embargo, es engañosa porque oculta la magnitud real de la pobreza: entre 1990 y 2002 el país alcanzó una tasa de 49 por ciento en el Umbral de Pobreza Nacional. En el mismo período, Camerún alcanzó 40 por ciento y Etiopía, 44 por ciento.
Para enfrentar el flagelo, que algunos especialistas califican de emergencia alimentaria, la FAO ha desarrollado un proyecto destinado a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, en el que participan organismos internacionales, autoridades regionales y locales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
El proyecto, en una primera etapa, se viene ejecutando en las regiones de Huancavelica y Ucayali, caracterizadas por su alto nivel de pobreza y desnutrición. Se espera beneficiar, en esta fase, aproximadamente a 560 familias urbanas, rurales, campesinas y nativas.
Se requiere plantear una estrategia que pueda recoger las aspiraciones de la comunidad a efectos de disminuir los problemas nutricionales que nos afectan, señaló Walter Pandero, coordinador de la ONG Prisma, una de las participantes en la iniciativa.
Es importante resaltar que los esfuerzos que hace la sociedad civil se deben plasmar en un instrumento legal que haga una política verdadera para generar un desarrollo sostenible en la región, añadió.
Jorge Del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, se comprometió en agosto pasado, al dar a conocer los planes del nuevo gobierno de Alan García ante el Congreso Nacional, a reducir la desnutrición crónica infantil en cinco puntos porcentuales para 2011, cuando finalizará el mandato del actual gobierno.
Un niño desnutrido es un adulto sin futuro, el hambre no tiene color político, luchemos todos contra la desnutrición, expresó en aquella ocasión, arrancando aplausos incluso de sus detractores políticos, quienes ahora esperan que el gobierno cumpla su promesa.
Una de las estrategias de combate contra la desnutrición, según Del Castillo, será fusionar los programas nutricionales de atención de la población infantil de 0-3 años con el de atención escolar en las localidades de mayor pobreza, y la articulación intersectorial de los programas y proyectos con enfoque territorial que permitan una atención integral de la población en riesgo.
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