El 60 por ciento de la población infantil argentina está bajo la línea de pobreza. Otro año que se va y en la Cámara baja siguen esperando tres proyectos de ley que intentan implementar una paga mensual a sus padres o tutores.
Mientras los diarios despiertan cada mañana a sus lectores con buenas noticias de la economía argentina, en las miradas esquivas de los más pequeños circula un grito que despabila al más desprevenido y recuerda que no ha sido saldada la deuda de la sociedad política con el hambre de los chicos, señala el portal de noticias Artemisa.
Sin embargo, una vez más los legisladores nacionales resolvieron aplazar las urgencias sociales por las proselitistas. En la Cámara de Diputados, esperan ser debatidos tres proyectos de ley que establecen el otorgamiento de asignaciones monetarias a todos los niños y niñas del país, independientemente de la situación social de sus padres. Para las ONG que bregan por los derechos de la infancia, estas iniciativas representan un primer paso para «erradicar la pobreza y redistribuir la riqueza entre los sectores más postergados».
Según un informe realizado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), más del 60 por ciento de la población infantil es pobre; de ese total, el 17 por ciento vive en la indigencia. A estos indicadores se pueden sumar otros datos, como que cada día mueren cerca de 100 chicos por desnutrición y que la anemia por falta de hierro afecta al 30 por ciento de las mujeres embarazadas y al 50 por ciento de los bebés.
Esta batería de cifras confirman lo que todos saben, pero que la clase política se niega a escuchar: el hambre de los chicos no puede esperar. Sin embargo, desde sus cómodas bancadas, los diputados ya deliberaron que sí. En la Cámara Baja aguardan para su tratamiento tres iniciativas que, más allá de las diferencias en cuanto al monto a designar y al modo de financiamiento, tienen como común denominador garantizar los derechos a la vida, la educación y a la salud de todos los menores de 18 años a través del otorgamiento de una paga mensual a sus padres o tutores.
En esta línea, mientras que el proyecto del diputado Claudio Lozano estipula la entrega de una asignación de 60 pesos por mes y la generalización de la ayuda escolar obligatoria anual de 130 pesos, la iniciativa presentada por el bloque del ARI establece un ingreso ciudadano para la niñez con montos que varían de acuerdo con las edades de los chicos y van de los 60 a los 100 pesos.
Por su parte, la propuesta de Aldo Neri, del radicalismo, prevé el pago de 60 pesos por hijo y su alcance universal se completaría en forma gradual, «excluyendo en una primera etapa a aquellos ciudadanos con mayor poder adquisitivo», señaló el autor del proyecto.
Una de las diferencias se refiere a la fuente de financiamiento. La iniciativa de Adrián Pérez prevé la creación de un Fondo de Ingreso Ciudadano de la Niñez, que implica modificaciones en el sistema tributario y una reforma presupuestaria destinada a captar los recursos. «Se trata de un proyecto viable y sostenible en el tiempo, que no dependa de la coyuntura ni de una mayor recaudación fiscal», expuso el diputado en clara referencia a la iniciativa del economista de la CTA.
De acuerdo a la propuesta de Lozano, el programa se implementaría con fondos provenientes del superávit fiscal, es decir, con el excedente de recursos tributarios no asignados, que este año ascienden a diez mil millones de pesos más de lo previsto.
Por su parte, el proyecto de Neri no se mete en reformas del régimen impositivo, sino que plantea «la recanalización de fondos desde otros programas sociales de corte asistencial y clientelista». De esta manera, se iniciaría «el desmantelamiento del programa Jefes y Jefas de hogar, visto como un regalo del Estado, y también se permitiría a los chicos comer en sus casas con sus familias y no en los comedores comunitarios», destacó.
En el universo social, la mayoría de las ONGs consultadas coincidieron en señalar que estas propuestas representan un primer paso «para erradicar la pobreza y comenzar a redistribuir la riqueza entre los sectores más postergados», pero advirtieron que deben ser complementadas con otras políticas públicas destinadas a alterar el mapa de la inequidad social.
«Si se lo mira en perspectiva, la asignación universal es un concepto superador al de asignación familiar, ya que este último se restringe a los padres con trabajo formal», señaló Nora Pulido, la presidenta de la por los Derechos de la Infancia-AD. Sin embargo, reconoció que es «sólo un paliativo» que no disminuirá los niveles de pobreza. «Eso se logrará con la generación de fuentes de trabajo», puntualizó.
Según el análisis de Luis Campos, integrante del área de Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «el Estado argentino garantizaría los derechos de la población infantil que hoy son vulnerados con los planes sociales, en los cuales prima la familia como única beneficiaria y se no tiene en cuenta la cantidad de chicos, y con el sistema de asignaciones familiares, que excluye a los desocupados y a los trabajadores en negro».
«Ahora es tiempo de que se sienten a analizar los aportes y salvar las diferencias entre cada una de las iniciativas», remarcó Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), una de las organizaciones sociales que expresó su apoyo a estos proyectos.
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