En noviembre del año pasado la Asociación Nacional de Padres de Familia le solicitó a la Secretaría de Educación Pública que retirara el libro de ciencias naturales del quinto año de primaria, argumentando que hacía referencia a las relaciones sexuales y promovía conductas antinaturales (homosexuales).
Mientras la sexualidad continúa siendo para algunos un tema tabú, paradójicamente la encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud señala que el 60 por ciento de los jóvenes de menos de 20 años son activos sexualmente.
No obstante, más allá de opiniones y estadísticas, el ejercicio libre y responsable de la sexualidad es un derecho que plantean tanto la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto, en 1994, y la de Ginebra en 1996 sobre vih/sida.
Ambas reuniones internacionales reconocen el derecho absoluto de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, lo mismo que la responsabilidad del Estado para asegurar las entidades e insumos necesarios a fin de informarle de manera científica y oportuna a la sociedad todo lo relacionado sobre el tema de la sexualidad; además de comprometerse a elaborar programas ágiles con los que los y las adolescentes tengan acceso a la información, a asesorías y a servicios de salud reproductiva.
No cabe duda que los y las jóvenes necesitan información correcta para ayudarles a protegerse a si mismos; tampoco nadie duda que en nuestro país el problema del virus de inmunodeficiencia humana y con él el desarrollo del sida representan un problema de seguridad nacional; pero también hay que tener presente que cada año más de mil 500 mujeres mueren a causa de abortos mal practicados.
Ante este panorama, la educación sexual constituye una opción eficaz y segura para combatir esos problemas, cuyas dimensiones resultan alarmantes, además de contribuir al establecimiento de relaciones de equidad y respeto mutuo entre ambos sexos.
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