En un despliegue de ignorancia e ineptitud para resolver asuntos de Estado, las y los diputados de Quintana Roo acaban de darle a la ciudadanía una lección inolvidable.
El resumen: Carlos Pereira, Procurador de Justicia del estado, pide al gobernador Joaquín Hendricks que le exima de la responsabilidad para encabezar la Procuraduría General del Estado, y le da de inmediato un puesto de parada técnica para que más tarde desaparezca en el limbo político, tal y como sucedió con Pepe Irabién hace unos años.
Luego se nombra como procuradora a Celia Pérez Gordillo, antes presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). De esta manera, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos queda vacante. De inmediato, la sociedad civil organizada envía algunas propuestas al Congreso del estado, entre ellas está la abogada Teresa Duch Gary, quien laboró como Secretaria Técnica al lado de Celia Pérez en el jurídico de la CEDH.
Aquí viene lo bueno, digna historia del teatro del absurdo: resulta que las y los legisladores revisan las recomendaciones, y reunidos todos deciden que el nombramiento será por unanimidad. No tienen ganas de discutir, están a punto de salir y se hallan de buen talante, así declaran que antepondrán el principio de unanimidad (a costa de las capacidades de las y los candidatos a la presidencia de la Comisión). ¡Democracia pura!
Dos son los contendientes finales: la primera, Teresa Duch abogada de 53 años que entre otras curiosidades tiene estudios en medicina forense y criminalística, en derecho de la familia y derecho civil, fue asesora jurídica en 1983 de la procuraduría para la defensa del menor y la familia del DIF, juez primero de lo familiar, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, participó en el proyecto de ordenamiento ecológico de la Riviera Maya, está certificada en talleres de mediación de conflictos políticos, así como en la defensa de los derechos humanos de la mujer y la violencia de género.
Duch es, y eso se puede probar fácilmente, una litigante de intachable calidad moral y ética, quintanarroense que ha trabajado en contacto con la población y la sociedad civil organizada, que conoce su estado y la problemática de discriminación, corrupción y abusos de poder.
Por otro lado tenemos al ayer nombrado presidente de la CEDH. Su nombre es Armando Gaspar García Torres, tiene 32 años, chetumaleño, trabajó en un despacho jurídico privado, en 1997 fue nombrado Director jurídico del Poder Legislativo de Quintana Roo, puesto que ejerció hasta ayer y es amigo de las y los legisladores quienes «le tienen mucha fe».
El argumento más sólido de las y los legisladores para eliminar la candidatura de Teresa Duch, fue que ésta era amiga de Celia Pérez, y que no podían estar seguros de que por la amistad Duch evitara hacer recomendaciones de esta instancia de derechos humanos a la Procuraduría de Justicia. El argumento resulta pueril. ¿Qué el licenciado García Torres oriundo de Chetumal no es amigo de priistas en el poder? Por supuesto que lo es. Esta preocupación del equipo legislativo no tiene fundamento alguno, una persona ética hace su trabajo bien, sea amiga o conocida de quien sea, por tanto debemos sospechar que aquí sí aplica el dicho popular «el león cree que todos son de su condición».
Sobra decir que el joven abogado ninguna culpa tiene de haber sido designado, pero sin duda alguna no está preparado técnicamente para enfrentar a un sistema político en el que la corrupción y el abuso del poder, por tanto la violación a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día.
La designación del presidente de la CEDH es una lección: los partidos políticos siguen postulando en los puestos de elección popular a personas de una ignorancia garrafal, sin conocimiento del escenario político, sin oficio, incapaces de comprender las consecuencias negativas de anteponer la unanimidad al debate que debe defender los principios reales de la estrategia política que persigue la democracia.
Ayer las y los diputados llevaron, como al kinder y por primera vez en la historia, al nuevo presidente hasta las oficinas de la Comisión, se fueron contentísimos a celebrar lo que para la ciudadanía es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Hay quien asegura que los legisladores priistas armaron el tinglado para congelar a la Comisión, y evitar que se exhiba más a sus políticos en el poder ¿será?.
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