Con el objeto de regular ciertas técnicas reproductivas como la inseminación artificial y la fertilización in vitro, además de «tutelar la vida desde el preciso instante de la concepción», el Partido Acción Nacional (PAN) presentó el mes pasado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley sobre reproducción asistida, con el deseo «que se apruebe a la brevedad».
La iniciativa sobre reproducción asistida para el Distrito Federal, presentada ante el pleno de la ALDF el pasado 25 de abril, busca «regular la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, así como toda técnica de efecto equivalente que permita la procreación fuera del proceso natural».
En los considerandos de la iniciativa, la fracción parlamentaria del blanquiazul afirma que «el derecho como ciencia al servicio del hombre, debe establecer instrumentos jurídicos que regulen de manera íntegra esas técnicas, tutelando la vida desde el preciso instante de la concepción, así como el derecho legítimo de las parejas a lograr la paternidad».
En su capítulo I el proyecto define al embrión como «al ser humano desde la concepción y hasta el término de la duodécima semana gestacional».
En el capítulo II autoriza la práctica de la reproducción asistida a las parejas unidas en matrimonio civil que, por alguna causa de esterilidad o infertilidad, pretendan lograr la concepción y el desarrollo de un embarazo mediante la aplicación de técnicas como la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la transferencia intratubaria de gametos y la subrogación de vientre.
Sin embargo, la clonación como práctica de reproducción asistida «queda estrictamente prohibida».
En su exposición de motivos las y los legisladores del PAN apuntan «que el matrimonio es el destinatario por excelencia» de las técnicas de reproducción asistida, por tratarse de una «relación institucionalizada». A su vez, señalan «que convivir con ambos padres es un derecho natural del que no se debe privar al ser humano».
La iniciativa también considera crear un Comité de Bioética del Distrito Federal para que vigile el cumplimiento de esa ley, al tiempo que establece sanciones administrativas de cuatro mil hasta 30 mil salarios mínimos, lo mismo que de uno a diez años de cárcel cuando contravengan lo establecido por la ley.
El proyecto despertó de inmediato la suspicacia de sectores de la izquierda partidista, aunque de entrada aplaudieron que el blanquiazul «aporte elementos para el debate sobre la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género».
En un comunicado la diputada independiente y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local, Enoé Uranga, llamó al «movimiento amplio de mujeres» a revisar y debatir sobre la iniciativa panista «a fin de lograr una reacción inmediata» al respecto.
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