En las comunidades indígenas de Chiapas, las mujeres que están a punto de parir y tienen posibilidad de llegar a un hospital -después de haber viajado hasta seis horas luego de haber conseguido un vehículo-, se topan con la cruda realidad: no hay médicos (principalmente los fines de semana, días festivos, o por la noche), medicamentos ni equipo para tratar emergencias obstétricas.
Así como en Chiapas, las indígenas de Guerrero y Oaxaca (los tres estados con los más altos índices de muerte materna), fallecen a diario por la falta de servicios médicos adecuados, la carencia de recursos para su atención, y por si fuera poco, debido a factores culturales y sociales que las ponen en desventaja al interior de sus comunidades.
En el libro «Pueblos excluidos, comunidades erosionadas. La situación del derecho a la salud en Chiapas, México», de reciente publicación y editado por Physicians for Human Rights, El Colegio de la Frontera Sur, y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, se exponen de manera desgarradora testimonios sobre mujeres indígenas de esa entidad que murieron por factores relacionados con el embarazo.
En el estudio –enfocado a analizar la situación en salud de las comunidades indígenas en la zona del conflicto zapatista (Los Altos, Selva y norte de Chiapas)-, se advierte que el vía crucis de las mujeres para obtener atención obstétrica implicaba que había que trasladarlas nuevamente durante varias horas más, bajo condiciones totalmente adversas y, con frecuencia, por caminos apenas transitables debido a su mal estado.
Dichas situaciones fueron documentadas en varias de las comunidades estudiadas y, en algunos casos, el desenlace fue la muerte de la madre, del bebé, o de ambos», se asienta en el documento.
EL ROSTRO DE LA INJUSTICIA
La mortalidad materna es la cuarta causa de muerte entre mujeres en edad fértil y es reconocida por el gobierno federal como uno «de los indicadores más relevantes de injusticia social e inequidad de género, que afectan primordialmente a las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, a las comunidades rurales y a las poblaciones indígenas», señala por otra parte el «Monitoreo Ciudadano de la Política Pública Federal para Reducir la Morbimortalidad Materna en México».
En este estudio, elaborado por el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y que da seguimiento a las acciones de gobierno contra la muerte materna de marzo de 2005 a mayo de 2006, se apunta que según datos oficiales, la razón de mortalidad materna a nivel nacional es de 62.6 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos.
«Preocupa el hecho de que en 12 entidades federativas se concentra el 75 por ciento del total de las defunciones maternas: Chiapas con una razón de 103.2, Guerrero de 99.8, Oaxaca: 86.9, Puebla: 80.8, Durango con 80.3, Veracruz con 78.1, Hidalgo: 75.3, el Estado de México con 73.4, San Luis Potosí: 73.0, Baja California con 62.8, el Distrito Federal con 62.6 y Querétaro con 58.4», advierte en el texto el Foro Nacional de Mujeres.
SER MADRE, UNA TRAGEDIA
También el Monitoreo Ciudadano presenta testimonios de mujeres indígenas para quienes ser madres es un hecho que lleva consigo una altísima posibilidad de desembocar en tragedia.
Dice Cecilia, mujer tzeltal de Ocosingo, Chiapas: «De parto murió mi mamá, ya no se nació el bebé, se lo llevó con ella. Dice mi papá que la partera no quiso sacarla, está normal el parto le dijo. Le dieron mucha medicina caliente. Meses antes mi mamá sangraba mucho y mi papá preguntó si es normal que se adelante la regla, le dijeron que sí las mujeres de la comunidad a ellas les pasaba seguido en sus embarazos».
Prosigue la indígena: «(Mi mamá) murió a los 45 años o algo así, no sé. Diez hijos tuvo. Cuatro hermanas mujeres somos, menos la Rosita que también murió. Yo no quería tener hijos, tengo miedo de morir así».
MISERIA Y FACTORES CULTURALES
En «Pueblos excluidos, comunidades erosionadas…» se advierte que en la mortalidad materna en Chiapas podrían intervenir otros factores como las relaciones intra e interfamiliares, el uso de servicios tradicionales versus servicios gubernamentales, las prácticas y representaciones culturales sobre la maternidad en las mujeres indígenas, y «la posible influencia de los conflictos sociales, políticos y religiosos entre y al interior de las comunidades», se recalca.
En la investigación se documentan ocho casos de muerte materna en comunidades indígenas de Chiapas, en los cuales se detalla que hubo «tres importantes tipos de retrasos» que influyeron en los fallecimientos.
En primer lugar, se explica, hubo retraso en la decisión de buscar atención debido a la falta de dinero, de transporte y a la falta de referencia por parte de un médico o promotor de salud comunitario, «lo cual es un reflejo de la escasa capacidad de identificar situaciones de emergencia», advierte el documento.
En segundo lugar, hubo retraso en llegar al sitio de atención. «Dos mujeres murieron en el camino y una más murió mientras esperaba que se consiguiera un vehículo para su traslado. En tercer lugar, hubo retraso para recibir atención y hubo falta de capacidad para resolver las emergencias obstétricas, una vez que ya se estaba en las unidades de salud. Cuatro de estas mujeres murieron en el hospital», lamentan los investigadores.
LA MUERTE ESPERA
El Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población remarca «la ausencia de una política sanitaria de Estado dirigida a la población indígena».
Observa que «los obstáculos que enfrentan las estrategias del sector salud en su implementación en comunidades mayoritariamente indígenas son el resultado del desconocimiento de las condiciones socioculturales y necesidades particulares de esta población que poco y mal ha sido tomada en cuenta en las políticas públicas», critica.
La organización feminista apunta que la asignación de recursos del presupuesto público «es una señal de las prioridades del gobierno federal, más allá de lo que se diga en los discursos. Por ello, consideramos como un grave retroceso que el presupuesto dirigido a la atención materna dejó de ser etiquetado, tanto a nivel federal como estatal y parecería que se ha diluido como parte de la gran bolsa destinada a promover el Seguro Popular», concluye.
06/RM/LR
