Precariedad, desempleo, bajos sueldos, informalidad, inequidad salarial… ésa es la sombría realidad para millones de trabajadoras mexicanas que en cinco años de gestión de Felipe Calderón –»el Presidente del empleo» –, lejos de ver mejoras en sus bolsillos vislumbran cada vez más un futuro sin esperanza para ellas y sus hijos.
El 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere un estudio a partir de cifras oficiales de la sindicalista Beatriz Luján, coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. A partir del año 2000 (cuando asumió la Presidencia el panista Vicente Fox), la proporción de trabajadoras sin esa prestación aumentó 34.4 por ciento, sumando hasta 2010 10.8 millones de mujeres sin seguridad social.
Luján añade que la disminución de garantías en el trabajo se origina por una política económica y laboral que no vela por los derechos de las trabajadoras sino por los del sector empresarial.
Muestra de ello son los bajos salarios que perciben las mujeres del país, ya que en 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación.
MENOR PODER ADQUISITIVO
Entre las consecuencias del deterioro laboral está la reducción del poder adquisitivo, evidente en el sexenio de Felipe Calderón, pues en diciembre de 2006 el salario mínimo permitía adquirir 60 por ciento de la canasta básica recomendable.
En enero de 2010 el salario mínimo permitía adquirir sólo 36 por ciento de los 13 productos recomendables para tener una alimentación sana y suficiente, refiere un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El centro señala también que hace cinco años las y los trabajadores tenían que laborar 13 horas al día para comprar la canasta básica. En 2010 las personas que perciben el salario mínimo deben trabajar 21 horas y 57 minutos para acceder a una alimentación recomendable.
En cinco años de calderonismo el aumento salarial fue del 3 al 4 por ciento, «muy por debajo del crecimiento de los precios de los alimentos que solamente en el mes de agosto de este año fue de 6.43 puntos». Además, por la crisis económica 36 de cada 100 empresas «congelaron sueldos y salarios», explica Carmen Ponce, economista especializada en género.
A esta circunstancia se añade la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación.
Así, las que cuentan con instrucción escolar media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma formación académica, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
INFORMALIDAD
El crítico escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la economía informal. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. Hay «una informalidad laboral desbordada» que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta Ponce.
Actualmente, de los 12.8 millones de personas con empleos informales 5 millones son mujeres, según datos del Inegi. La participación en este sector se debe a la generación insuficiente de empleos formales permanentes, acota Carolina Ledezma, encargada del área de Formación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
Por cada 10 empleos generados por la administración de Felipe Calderón, se han perdido seis y mantenido cuatro, ya que de los 2 millones 970 mil empleos creados se han perdido un millón 829 mil y mantenido únicamente un millón 140 mil nuevos puestos, según el análisis hecho por Animal Político con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la mayoría de las fuentes de trabajo generadas carecen de las prestaciones a las que obliga la Constitución y en promedio son por contratos eventuales de tres meses.
El panorama puede ser todavía más adverso, ya que 1.6 millones de mujeres en el país no obtiene ingreso por el trabajo que realizan; muchas de ellas están ocupadas en negocios familiares, señala Carolina Ledezma.
TRABAJO DOMÉSTICO
Un ejemplo claro del escaso o nulo reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, son las trabajadoras del hogar, quienes a pesar de exigir desde los años 30 el respeto a garantías mínimas como una jornada establecida, un contrato escrito y seguridad social, aún no lo han logrado.
Para revertir el pobre ejercicio de los derechos laborales entre las mexicanas es necesario que se reconozca su desventaja en el mercado de trabajo, y se aplique una política laboral que mejore sus condiciones, demanda Ledezma.
«No queremos más simulación como la reforma laboral que pretenden aprobar PRI y PAN, en la que las trabajadoras sólo están en el discurso», acusa.
Ledezma afirma que la propuesta de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional representa un «serio problema» porque mientras favorece «malas prácticas» como la subcontratación y la contratación eventual «por horas o por aprendizaje», contraviene derechos de las trabajadoras como la estabilidad en el empleo.
La iniciativa PRI-PAN, cuya discusión se prevé en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, sólo plantea la prohibición del acoso sexual y de la petición de la prueba de no gravidez para que las mujeres sean contratadas. Sin embargo, «olvida» señalar cuáles serán los mecanismos para castigar ambos delitos, advierte la integrante del CILAS.
CONCILIAR LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Al mismo tiempo, la propuesta de reforma laboral deja de lado la conciliación de los ámbitos familiar y del trabajo remunerado a través del fortalecimiento de programas de guarderías y la creación de servicios de cuidado de personas adultas mayores, enfermas crónicas o con alguna discapacidad, apunta María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Ante este oscuro panorama laboral, Carolina Ledezma destaca que la organización sindical es la alternativa para pugnar por el respeto de los derechos laborales de las mexicanas.
«Ante la ‘nueva’ composición del mercado laboral, donde sólo entre el 10 y 11 por ciento de las y los empleados está sindicalizado, es preciso buscar otras formas de organización, crear un marco de defensa de trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias sin representación sindical», convoca la activista.
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