Pese a que el ministro de salud, Fernando Carbone, asegura que su sector facilita los métodos anticonceptivos de manera normal y sin sesgos, las organizaciones sociales peruanas lo desmienten pues aseguran que ni se distribuyen condones ni tampoco se incluye la anticoncepción de emergencia ya aprobada.
A decir de Fernando Carbone, el ministerio de salud cumple con la población proporcionándole anticonceptivos ; de tal manera que en el 2001 atendieron un millón 250 mil consultas sobre planificación familiar y este año esperan llegar a un millón 400 mil.
Sus afirmaciones, sin embargo, fueron criticadas por organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, quienes denuncian restricciones en la entrega de estos servicios.
Jennie Dador, abogada del Movimiento Manuela Ramos, indicó que los centros de salud peruanos aún no ponen a disposición la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), cuyo uso fue aprobado por el gobierno de transición de Valentín Paniagua.
Por su parte, el representante del Movimiento Vía Libre, Eduardo Blume, denunció que miles de condones permanecen en los almacenes del ministerio de Salud, cuando deberían ser distribuidos para prevenir el vih/sida.
La doctora Dador opinó que en Perú se está viviendo un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos debido a la acción concertada de sectores conservadores ubicados en puestos claves del Estado.
Desde su punto de vista las nuevas autoridades del sector Salud dirigen la provisión de métodos anticonceptivos hacia las parejas, no a las personas, como también lo establece la Constitución vigente.
Por lo mismo alertó sobre la posibilidad de que esas fuerzas conservadoras intenten eliminar la anticoncepción quirúrgica voluntaria de los métodos de planificación familiar que el Estado ofrece a los ciudadanos.
Asimismo recordó que el informe de una comisión investigadora del Congreso, sobre los casos de mujeres esterilizadas sin su consentimiento e informado durante la dictadura de Alberto Fujimori, recomienda la desaparición del mencionado método anticonceptivo.
«Se está confundiendo la moral particular de ciertos legisladores y funcionarios del Ejecutivo con las libertades que un Estado democrático y laico debe ofrecer a ciudadanas y ciudadanos, a fin de elijan libremente sobre su sexualidad y reproducción», señaló la especialista.
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