La Cumbre Extraordinaria de las Américas llegó a su fin, dejando entrever un panorama preocupante para la población femenina de gran parte del hemisferio, pues mientras el debate continúa en las esferas políticas en torno al impacto de la globalización, los esfuerzos se centran en los grandes temas: economía, mercados y seguridad en general, sin percatarse de que el desarrollo con equidad y democracia no es posible si no se contempla la participación e inclusión de las mujeres.
Para las mujeres en Latinoamérica, la privatización de los servicios sociales y el acceso a los recursos públicos se ha traducido en un incremento de la inequidad. Los datos son deprimentes: los latinoamericanos que viven en condiciones de pobreza aumentaron a 220 millones y en 2002 representaron el 43.4% de la población del continente. Así lo asegura un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Las nuevas cifras revelan un incremento de la pobreza y la indigencia en América Latina en el periodo 2000-2002, que se traduce en un mayor número de personas con niveles de vida insuficientes, asegura el documento Panorama Social de América Latina.
El ingreso per capita para Latinoamérica y el Caribe se ha mantenido invariable desde 1997. Hay 20 millones más de pobres en la región en el 2003 de los que había en el 97 y el desempleo se ha incrementado en un 10 por ciento. Sin embargo, un reporte de la CEPAL predice que habrá un crecimiento económico de un 3.5 por ciento, dejando atrás ese «sexenio» perdido.
Sin embargo, no son únicamente los indicadores macroeconómicos los que pueden consignar una mejor calidad de vida para las mujeres. En México y el resto de los países del continente los principales problemas que aquejan a la población femenina son similares. La violencia y la discriminación de género, la exclusión en la toma de decisiones y la falta de acceso a los recursos con equidad las mantienen sin control de sus vidas en lo económico, lo político y lo social.
En anteriores cumbres, congresos y reuniones multilaterales se han hecho esfuerzos por enfrentar esos retos. Se ha insistido hasta el cansancio que el impulso a la equidad de género y el empoderamiento son un punto de partida para cumplir las otras metas.
Se cuenta ahora con instrumentos políticos emanados de la plataforma de Pekín, que está por cumplir una década; los de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia las mujeres (CEDAW); así como la Convención de Belén Do Para, que han sido ratificados por 174 naciones y trasladadas a contextos regionales.
El reto ahora es llevar esos compromisos a la acción porque, a pesar del progreso en ese sentido, persisten los estereotipos y los roles tradicionales a menudo reforzados por estructuras institucionales que impiden el empoderamiento de las mujeres, y su promoción sigue siendo relegada en las prioridades nacionales.
Noeleen Heyzer, directora ejecutiva de UNIFEM, al participar en una sesión con esposas de los mandatarios asistentes a la Cumbre Extraordinaria de las Américas destacó que el liderazgo y la participación de las mujeres es vital para la gobernabilidad democrática.
Las inequidades de género en términos de acceso a la tierra, a la educación, al capital y al trabajo, marcarán la diferencia para que las mujeres salgan de la pobreza, pero eso no se logrará si persiste la inequidad en otras áreas como la salud, el respeto a los derechos humanos y la participación en la toma de decisiones.
Poniendo atención a la seguridad económica de las mujeres y sus derechos, los beneficios de la globalización podrían ser multiplicados y hacerse más visibles en el desarrollo general de los países. El proceso de globalización con equidad para las mujeres también requiere de una gran flexibilidad de los mercados y un cambio en la manera en que se valora su trabajo; mientras éste siga viéndose como trabajo informal, casual o eventual y siga concentrado en los sectores de poca capacitación, no habrá reales incentivos para invertir en ellas.
Por lo que hace a la salud, uno de los más preocupantes, al lado de la desnutrición y las enfermedades como el cáncer cervicouterino y de mama, es el sida. A nivel mundial las mujeres son la mitad de las personas afectadas por el VIH/sida. De éstas, en Latinoamérica y el Caribe son ya el 31 por ciento y únicamente en el Caribe el 52 por ciento. Hace una década las mujeres estaban en la periferia de la pandemia. Ahora ellas son el epicentro.
Y en cuanto la participación política, el único indicador que puede ser tabulado a nivel mundial es el número de mujeres que participan en parlamentos o en sus congresos. Hasta 2002, según UNIFEM, el promedio era de sólo el 14 por ciento. En Latinoamérica y el Caribe, Cuba, Argentina y Costa Rica tenían el 30 por ciento (2003). En México después de las elecciones del 2003, los puestos de representatividad popular se incrementaron del 16 al 21.2 por ciento.
Curiosamente, según esta misma fuente, la representación de las mujeres en las legislaturas de muchos países en desarrollo, entre ellos 15 de Latinoamérica y el Caribe, es ligeramente mayor que en otras naciones, incluyendo Estados Unidos y Francia. Pero el incremento del número de mujeres en los congresos o parlamentos no es una panacea, solamente nivela el campo en el que las mujeres luchan por la equidad, pues no hay garantía de que las mujeres electas tomen decisiones que beneficien a la mayoría de sus congéneres.
Porque también hay factores estructurales que impiden que las mujeres promuevan leyes y políticas para su empoderamiento. Entre estos factores pueden estar las constituciones nacionales que dan un gran poder al Ejecutivo; los condicionamientos de instituciones financieras o inversionistas internacionales, como el Banco Mundial o el FMI o las mismas reglas de la Organización Mundial de Comercio.
El movimiento de abajo hacia arriba, desde la sociedad civil, ha demostrado no ser tan organizado como se quisiera, pues no ha tenido la fuerza suficiente para ser escuchado. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) invitadas a participar en esta Cumbre tuvieron poca interlocución y sus propuestas se vieron minimizadas, cuando no borradas del panorama de los acuerdos.
Los retos deben ser asumidos desde todos los frentes, pero requieren no sólo la participación impostergable de las mujeres para exigir el cumplimiento de los compromisos emanados de sus luchas por la equidad en los instrumentos internacionales, nacionales o regionales, sino también para exigir a sus gobernantes la aplicación de la perspectiva de género transversal en todos los programas y planes de gobierno.
Porque, en resumen, ninguno de estos puntos y otros que las mujeres demandan, está siendo atendido con la prioridad y urgencia que se requiere. La Cumbre Extraordinaria de las Américas ha sido sólo un reflejo de lo que sucede en cada uno de los países del hemisferio, donde el tema de equidad de género sólo ha merecido un párrafo perdido entre cientos más contenidos en la Declaración de Nuevo León.
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