Inicio El toque de queda en Tecate atropella los artículos 1 y 11 de la Carta Magna

El toque de queda en Tecate atropella los artículos 1 y 11 de la Carta Magna

Por Román González

Con la excusa de las drogas, la delincuencia y la inseguridad, a las y los jóvenes se les violentan sus más fundamentales derechos; como la libertad de tránsito y su derecho a expresarse, sostuvieron integrantes de organizaciones civiles y de derechos humanos.

Entrevistados por separado, todos coincidieron en rechazar la medida impuesta, autoritaria y del siglo antepasado que tuvo el presidente municipal de Tecate, Baja California, Juan Vargas, al prohibirles a las y los jóvenes que salgan después de las 22:30 horas, sin un adulto que los acompañe.

Al respecto Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, “El toque de queda establecido a menores de edad en el municipio de Tecate, Baja California, atropella bruscamente los artículos primero y 11 de nuestra Carta Magna.”

En ese tenor recordó que el artículo primero establece que todo individuo gozará de las garantías que le otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

En tanto el artículo 11, continuó, señala que todo individuo tiene derecho a entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Por lo mismo, señaló el director de la Red por los Derechos de la Infancia, que el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial en caso de que las personas sean perseguidas por algún delito. De este manera, aseguró Gerardo Sauri, el edil está considerando a las y los menores de edad como delincuentes.

Además, añadió las organizaciones locales defensoras de los derechos humanos consideran que el municipio de Tecate tiene un bajo índice delictivo. “No encuentro ninguna una explicación coherente para que el presidente municipal haya impuesto el toque de queda a la población menor de 18 años de edad”, puntualizó.

Por lo mismo, informó, “el titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Ramírez, ha solicitado la suspensión inmediata de esa medida anticonstitucional del alcalde priísta Juan Vargas”.

Por otro lado para Arturo Sánchez, coordinador de comunicación de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, este tipo de medidas está relacionada con una política que concibe a las y los jóvenes como “sujetos de riesgo para la sociedad”.

Para él, con el pretexto de la falta de seguridad pública, las drogas o los altos índices delictivos que existen en la mayoría de las ciudades del país, la autoridad se excusa e impone una política proteccionista que no concibe a las y los menores de 18 años como sujetos de derechos.

En el mismo sentido José Ángel Aguilar, coordinador de la Red Democracia y Sexualidad quien acaba de regresar de la Cumbre de la Infancia, celebrada en días pasados en la ciudad de Nueva York, opinó que es compromiso del gobierno mexicano garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las y los jóvenes.

La medida, recién puesta en marcha el 20 de mayo pasado en el municipio de Tecate, violenta flagrantemente la libertad de tránsito de los jóvenes, aseguró.

Aunado a ello, explicó Aguilar que la autoridad carece de competencia para regular quién se desvela por las noches y quién no, o cuando y con quién tienen que salir los menores de edad de sus casas.

Asimismo el coordinador de Democracia y Sexualidad calificó la medida como represiva y autoritaria, comparándola con la trama del Castillo de la Pureza, película mexicana donde el protagonista pretende que al negarles a su hijo e hijas salir de su casa, los protegerá de los pecados y el caos del mundo.

“El hecho de que el presidente municipal de Tecate piense que encerrando a los jóvenes los va a proteger, olvida que la represión trae consigo la violencia al interior de las familias, lo mismo que en la comunidad”, finalizó José Ángel Aguilar.

A su vez, Gabriela Infante, integrante de la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal, al igual que Pilar Muriedas, coordinadora de Salud Integral para la Mujer, coincidieron en señalar que la medida no sólo violenta los derechos de las y los jóvenes sino que representa la falta de políticas públicas que les garanticen a las y los menores su libre desarrollo creativo.

Finalmente Claudia Cruz, integrante de la Coordinadora de Organismos Civiles por un Milenio Feminista, sostuvo que las autoridades deben promover en las y los jóvenes el espacio para que éstos puedan crear su propia dinámica de vida. La medida sigue viéndolos como sujetos en peligro, más que como sujetos de derechos.

       
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