A pesar de la recomendación internacional para su liberación, el impulsor del ombudsman militar, general Francisco José Gallardo, estará lejos de su familia esta Navidad, al igual que otros 700 presos en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Chalco, en el estado de México, donde fue transferido este fin de semana.
El traslado al penal de Neza Bordo a Chalco, es la respuesta del gobierno mexicano ante la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas cautelares para garantizar la seguridad del general jalisciense.
Leticia Enríquez, esposa del preso de conciencia, informó en entrevista telefónica que la transferencia se realizó el sábado por la noche con la supervisión de Ricardo Sepúlveda y Juan José Gómez Camacho, del gobierno mexicano, mientras que por parte de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Fabián Sánchez.
Francisco Gallardo, preso desde hace ocho años, bajo la acusación de malversación de fondos, tras proponer un ombudsman en el fuero militar, está aislado en el Penal de Chalco del resto de los internos y cuenta con un teléfono público cercano para comunicarse al exterior.
Sin embargo, Leticia Enríquez mostró su inconformidad con la medida, dado que esperaban el cumplimiento cabal de las recomendaciones internacionales para su liberación.
La familia Gallardo considera que llegar al penal de Chalco es riesgoso, por ser carretera, especialmente cuando la esposa va sola.
Sobre lo anterior y otros elementos del caso, el gobierno mexicano tendrá que informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo 14 de enero.
Un mes después, el 18 de febrero del 2001, una delegación del gobierno mexicano participará en una audiencia pública de la Corte, con sede en Costa Rica, junto con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes legales del general Gallardo.
Finalmente, Leticia Enríquez aseguró que la esperanza de su liberación se cifra en la voluntad política de Vicente Fox, quien como presidente de México y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la autoridad para liberarlo.
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