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Embarazos en adolescentes, problema de Derechos Humanos

Por Anaiz Zamora Márquez

América Latina (AL) y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, lo que representa no sólo un problema de salud pública sino de Derechos Humanos (DH), dijo la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), Leonor Calderón.
 
En declaraciones hoy a Cimacnoticias, en el “Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia”, Calderón llamó a las autoridades de la región a tomar las medidas necesarias e indispensables para prevenir el “preocupante número de embarazos en adolescentes”, sólo superado a nivel regional por África Subsahariana.
 
En México –donde viven 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años–, la tasa de fecundidad en adolescentes “es un poco menor” que la del resto de AL, ya que el 17.4 por ciento de nacimientos anuales corresponden a mujeres de menos de 20 años, es decir uno de cada cinco partos.
 
A decir de Calderón, que las adolescentes se conviertan en madres es preocupante, pues el embarazo es central en la vida de las mujeres, ya que altera su mundo laboral y educativo, además de ocasionar un impacto emocional y físico tanto en la joven como en su hija o hijo.
 
Agregó que los embarazos no deseados “se catalogan como un embarazo de riesgo”, por lo que las adolescentes están en peligro de presentar complicaciones obstétricas, así como de morir durante o después del parto o quedar con alguna secuela.
 
Precisó que los casos registrados en niñas menores de 14 años  ocurren a consecuencia del abuso y violación sexual, ya que “no podemos hablar de una relación consentida, no hay manera de tener un criterio razonable sobre el sexo a esta edad, y en estos casos el padre duplica o triplica la edad de la madre”.
 
En el caso de las jóvenes mayores de 15 años, Calderón resaltó la necesidad de prevención, de educación integral en materia de sexualidad, acceso a servicios de salud “amigables” (abiertos, confiables, privados y libres de valoraciones morales o religiosas), y de acceso a métodos de prevención tanto de embarazos como de infecciones de transmisión sexual (ITS).
 
Demandó una educación integral en sexualidad “oportuna y completa” que provea la información necesaria para que las jóvenes mexicanas (que en promedio inician su vida sexual a los 16 años) tomen decisiones informadas, para proteger su “integridad y vida de eventos no deseados”.
 
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