Mientras los mandatarios en la Cumbre Extraordinaria de las Américas discuten a puerta cerrada el futuro continental, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil abrieron otras reuniones a la participación y el debate ciudadano, cuyo resultado es la Declaración Social de Nuevo León.
Este documento, surgido del Foro Alternativo a la CEA, celebrado ayer en el Condominio Acero de esta ciudad por un numeroso grupo de organizaciones y personas, se pronuncia por lograr un modelo de globalización para el desarrollo pacífico y solidario, y por una política donde la equidad de género sea punto de partida para una real justicia social y la democracia participativa.
La sesión pública fue convocada por El Barzón Unión Nacional, la Organización Binacional Alianza Braceroproa, Mujeres por un Nuevo Siglo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comité de Unificación Nacional en Contra del Neoliberalismo; Comité Pro Cancelación de la Deuda Externa de México y América Latina Benito Juárez, Fundación Rosa, y la Alianza de Usuarios del Transporte y Servicios Públicos.
Los primeros cuatro puntos de la Declaración Social de Nuevo León puntualizan la exigencia de la implementación por parte de los gobiernos de políticas públicas de género; la demanda de presupuestos destinados a impedir enfermedades mortales en las mujeres, como el cáncer de mama y cervicouterino; equidad de género en las relaciones laborales, así como el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
«Sin la participación de las mujeres no hay democracia posible. Por ello consideramos de primordial importancia estos temas y destacarlos en esta Declaración», explicó la líder de El Barzón, Liliana Flores.
En otros puntos se exige amnistía migratoria para todos los latinoamericanos, libertad de tránsito, de mano de obra y personas entre Estados Unidos, México y Canadá, en vez del pacto migratorio propuesto por George W. Bush, y un respeto irrestricto a los Derechos Humanos de los migrantes.
En este mismo rubro, que los gobiernos de México y EU salden la deuda histórica de los migrantes, contraída por la retención de un 10% de sus sueldos y la constitución del Fondo de Ahorro Campesino, en los años de 1942 a 1967, que fue malversado por el gobierno y constituye lo que han dado en llamar el Braceroproa.
«Este fraude dejó en el desamparo a miles de mujeres, niños y jóvenes, a las familias de los migrantes que nunca pudieron recuperar esos fondos. Muchos de esos braceros ya murieron y sus viudas no tuvieron manera de exigir justicia», señaló José Fernández Quiroga, dirigente de la asociación que defiende a los migrantes.
La Declaración Social de Nuevo León incluye 40 puntos más relacionados con temas como economía regional, seguridad hemisférica, derechos humanos, derecho a las expresiones culturales y el desarrollo con equidad, y hasta ahora es el único pronunciamiento civil en el marco de las actividades en torno a la Cumbre que ha incluido específicamente asuntos de mujeres.
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