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El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió una Recomendación General para el Acceso de las Mujeres a la Justicia, con la que llamó a los Estados miembro de la ONU a eliminar las barreras que impiden a la población femenina ejercer este derecho.
En el documento –disponible en inglés–, el Comité de la CEDAW enfatizó que el derecho de las mujeres a acceder a la justicia es esencial para la realización de todos los demás derechos protegidos por la Convención, y es un elemento fundamental para el Estado de Derecho y el buen gobierno.
En la Recomendación se informó que a nivel global existen obstáculos y restricciones, que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la justicia. Se explicó que estas barreras se dan en un “contexto estructural de discriminación y desigualdad”.
El Comité sostuvo que la mayoría de las trabas que enfrentan las mujeres se traducen en leyes discriminatorias, así como requisitos y “prácticas probatorias” que las segregan, y “garantizan sistemáticamente que los mecanismos judiciales no sean física, económica, social y culturalmente accesibles para todas las mujeres”.
A lo que se suman otros factores que limitan aún más el acceso a la justicia, como el analfabetismo, el tráfico de mujeres, los conflictos armados, los desplazados internos, la migración, la viudez, la privación de la libertad, la lejanía geográfica, así como la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos, y la agresión y hostigamiento a personas defensoras de Derechos Humanos (DH).
Todos esos obstáculos –se agregó en la Recomendación– constituyen violaciones persistentes de los DH de las mujeres.
El Comité de la CEDAW recomendó a los Estados, entre otras medidas, asegurar que todos los derechos de las mujeres estén reconocidos e incorporados en la ley.
Asimismo –precisó– deben garantizar que el personal judicial maneje los casos con perspectiva de género, además de independencia, imparcialidad, integridad y credibilidad, así como eliminar la corrupción dentro de los sistemas de justicia.
Para el Comité también es fundamental que las personas defensoras de los DH que hayan sido agredidas accedan a la justicia, y reciban protección contra el hostigamiento, las amenazas y la violencia.
El mecanismo de la CEDAW observó que existe una “centralización” de cortes y otras instancias de justicia en las principales ciudades, lo que dificulta el acceso a la justicia a las mujeres rurales y que viven en regiones alejadas, debido al tiempo y dinero que ellas requieren para trasladarse.
Por lo que es necesario –prosiguió el organismo– establecer cortes y otras instancias judiciales en áreas rurales, con instalaciones seguras, asequibles y físicamente accesibles para las mujeres, en donde además se tomen en cuenta las necesidades especiales de mujeres que hablen alguna lengua indígena o tengan alguna discapacidad.
El Comité de la CEDAW recomendó que se asegure el acceso a internet y otras tecnologías de la comunicación, “para mejorar el acceso de las mujeres a los sistemas de justicia en todos los niveles”.
En la Recomendación –que debe ser acatada por los Estados miembro de la ONU– se llama a las naciones a reformar sus leyes civiles, constitucionales, familiares y penales, a fin de garantizar los derechos femeninos.
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