Al insistir en la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, por atentar contra los derechos humanos de las mujeres, las presidentas de las Comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emplazaron al Senado de la República para hacer una evaluación sobre la actuación del Ombudsman y realizar un pronunciamiento sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH respecto a la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal.
Las presidentas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja y de la ALDF, Maricela Contreras Julián y Leticia Quezada Contreras, respectivamente, indicaron que en materia de interrupción legal del embarazo son los gobiernos estatales los que tienen las atribuciones para legislar en la materia.
En entrevista a Cimacnoticias, sostuvieron que tienen muy claras cuáles son las atribuciones tanto de la Asamblea Legislativa como del gobierno de la Ciudad de México: «Son las instancias federales establecidas en los estados las que tendrán que ajustarse a la legislación local», subrayaron.
La diputada Maricela Contreras precisó que «como Cámara y como fracción parlamentaria federal, estamos defendiendo la facultad de la ALDF para legislar el Código Penal y en materia de Salud, así como la del gobierno capitalino para publicar en la Gaceta oficial las reformas aprobadas por el órgano legislativo».
El gobierno federal, enfatizó, «nos sigue tratando ?a las y los capitalinos- como ciudadanos de segunda, sin plenos derechos; pero no vamos a renunciar a las pocas atribuciones que tenemos para legislar».
La legislación federal es un referente que hace alusión exclusivamente a las instancias de salud federales y no a las locales, precisó la perredista, tras reiterar que «nosotros tenemos la interpretación de que las instancias federales que están en los estados tendrían que ajustarse a la legislación local».
Contreras Julián acotó que el Senado de la República, al que compete destituir de sus cargos a los funcionarios públicos del gobierno federal, ha tenido poca participación y hasta el momento no ha hecho un pronunciamiento sobre el caso de la violación de los derechos humanos de las mujeres.
De ahí, dijo la legisladora federal, que se tenga que hacer una vinculación con el Senado, principalmente con senadores de la Comisión de Derechos Humanos, para ver de qué manera se puede realizar una evaluación de la actuación de José Luis Soberanes, y pedir su destitución.
Respecto a la actuación del procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, la diputada por el Distrito Federal aseveró que está siendo utilizado por el Ejecutivo federal para golpear al Gobierno de la Ciudad de México, empleando la estructura gubernamental.
Medina Mora es un representante del Yunque, de esa ultraderecha recalcitrante que pretende borrar los derechos de las mujeres, para que sigan en ese papel tradicional de sometimiento, abnegación, subrayó.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género en San Lázaro denunció que el Yunque no sólo se ha instalado en el Partido Acción Nacional (PAN), sino en las instancias del gobierno federal, desde donde no está aplicando el principio del Estado laico, está imponiendo sus intereses personales, sus convicciones ideológicas en el ejercicio del gobierno.
Y eso sí es muy grave, porque se está violando la Constitución con toda esa estrategia de subordinación de los intereses nacionales a las creencias personales de quienes están en Los Pinos, concluyó la legisladora federal Maricela Contreras Julián.
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