La diputada Teresa Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentará un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exhorte al Secretario de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont a precisar los plazos, procedimientos y mecanismos mediante los cuales el Estado Mexicano dará seguimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso «Campo algodonero».
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la legisladora adelantó que lo que se pretende es que la Segob informe a la brevedad qué procedimientos e instituciones estarán implicadas para el seguimiento de la sentencia, dada a conocer públicamente el pasado 10 de diciembre.
Cabe recordar que la sentencia acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del «Campo Algodonero» en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.
Incháustegui Romero, consideró que éste es un caso emblemático de mujeres asesinadas en un contexto de violencia sistemática que ocurre no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el país, lo que recordó, le ha valido a México más de 400 recomendaciones de organismos internacionales.
Agregó que el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, es fundamental para garantizar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, que hasta ahora no se ha cumplido debido a las deficiencias en los procesos de investigación judicial, así como a la falta de profesionalismo y compromiso de los funcionarios encargados de las investigaciones relacionadas con asesinatos de mujeres.
La legisladora perredista se comprometió a que desde su posición parlamentaria buscará que se implementen en el país los protocolos de investigación que establece la sentencia de la Corte Interamericana.
Uno de los protocolos es el denominado «Alba», vigente desde 2005 en Ciudad Juárez, que fue instalado para atender las desapariciones de niñas y mujeres en esa entidad.
En opinión de la legisladora, se necesita empezar a buscar a las víctimas desde el momento en que se realiza la denuncia, en la actualidad la investigación inicia 72 horas después, por ello una de sus propuestas es implementar a en todo el territorio nacional dicho protocolo.
SIN INSTAURARSE LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS
Creada durante la LIX legislatura, (2003-2006) e impulsada por la ex legisladora feminista Marcela Lagarde, la Comisión especial de Feminicidio ha jugado un papel fundamental en el tema.
Uno de los mayores frutos de esta comisión fue la investigación realizada en todo el país sobre esa problemática, la cual permitió tener una radiografía de la violencia contra las mujeres en la República, así como la creación de otros documentos actualmente resguardados en un acervo custodiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, los avances registrados durante esa legislatura no pudieron continuar durante la LX ante el desinterés de las legisladoras panistas que eran mayoría en la comisión, que no impulsaron el tema y que durante el periodo de su trabajo legislativo (del 22 de febrero de 2007 al 31 de agosto de 2009), sólo presentaron un «informe».
En la actual legislatura, ante la insistencia de las diputadas del PRD coordinadas por Leticia Quezada, se logró la continuidad de esa Comisión que estará presidida por la perredista Incháustegui Romero.
Al respecto, la legisladora informó que la Comisión se instalará formalmente a principios de febrero, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, y confió en que el trabajo conjunto con las organizaciones civiles, se traduzca en una agenda común que impulse nuevamente el tema en esta legislatura.
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