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En 12 años no avanza legislación sobre trabajadoras del hogar

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Por falta de voluntad política, después de 12 años de pugnar porque se legisle sobre los derechos laborales de un millón 800 mil trabajadoras y trabajadores del hogar, 96.6 por ciento de ellos mujeres, esta población sigue careciendo de ellos, incluso los más elementales establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como servicio médico, vacaciones, aguinaldo y salario digno.

Eso afirmaron en conferencia de prensa, Martha Lucía Micher Camarena, titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres); Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), y Ricardo Bucio, secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el marco del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que se conmemorará el próximo 30 de marzo.

Las cientos de miles de trabajadoras del hogar, de las que una tercera parte son jefas de hogar, laboran en un ambiente de discriminación, maltrato y acoso sexual, en el que menos del 5 por ciento de las empleadas tiene un contrato escrito, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, aún las empleadas del hogar que cuentan con un contrato escrito no reciben servicio médico, vacaciones y aguinaldo, mencionó a Cimacnoticias Marcelina Bautista, directora del CACEH.

Las empleadas del hogar, la mayoría jefas de familia y una quinta parte con menos de 20 años de edad, sólo por “suerte” llegan a tener patrones que respeten sus derechos laborales. Al respecto, Martha Lucía Micher calificó como vergonzoso que la situación laboral de este sector “está determinada por la voluntad de las personas que las emplean, si tuvieron suerte las tratan bien, pero no se trata de suerte sino de derechos”.

Por ello, la funcionaria del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se comprometió para trabajar desde el Instituto que preside para mejorar las condiciones de las 205 mil trabajadoras del hogar que radican en la capital, de las cuales 125 mil son migrantes indígenas originarias del interior de la República.

A pesar de que los hombres son un sector minoritario en este oficio, perciben en promedio un 25 por ciento más que las mujeres trabajadoras del hogar, de ellas más del 87 por ciento recibe dos salarios mínimos o menos y sólo el 13.3 por ciento recibe 3 salarios mínimos o más y no existe la categoría en el Seguro Social.

Al menos 7 de cada 10 trabajadoras del hogar, quienes según el INEGI tienen en promedio 34 años de edad y quince cada cien son analfabetas, han sufrido acoso sexual, el cual no se denuncia por temor al empleador y por las condiciones de desigualdad que se viven en los ministerios públicos, señaló a Cimacnoticias Marcelina Bautista, migrante oaxaqueña, quien laboró 22 años como trabajadora del hogar en la Ciudad de México.

En ello coincidió Ricardo Bucio, secretario Técnico de la CDHDF, quien refirió que no existe una cultura de denuncia sobre el acoso sexual del que son víctimas la mayoría de las trabajadoras del hogar.

Ante esta problemática, sumada la Legislatura que está por concluir, se han metido en la Cámara de Diputados cuatro iniciativas durante más de una década para ampliar los derechos de las empleadas que no han tenido éxito, pues la más reciente, presentada en noviembre pasado por Rosario Ortiz Magallón, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, fue “congelada” turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja.

Así lo indicó la feminista Cecilia Talamante-Díaz, colaboradora de Rosario Ortiz en la creación de la iniciativa, quien explicó que la legislación laboral está “desactualizada” pues sólo habla del trabajo en el hogar bajo la contratación “de planta” no contempla otros criterios como “de entrada por salida” y trabajo por horas.

También denunció que no existe la regulación puesto que al llevarse a cabo al interior de los hogares se privilegia la inviolabilidad del domicilio privado y la inspección del trabajo no puede supervisar. Además señaló que la seguridad social no está reconocida en el régimen obligatorio, lo cual evidencia la discriminación que padecen cientos de miles de trabajadoras, pues su oficio se considera “de segunda, con servicios y derechos de segunda”.

Por lo que urgió a legislar no sólo sobre la LFT sino en reformar la Ley de Seguridad Social, puesto que en el país “la seguridad social está ligada a la relación laboral y si no se reconoce ellas tienen acceso a la seguridad social, prestaciones, jubilación”.

LAS AUTORIDADES SON TAMBIÉN PATRONES

Por su parte, Marcelina Bautista, también representante de la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, que agrupa a 14 países, lamentó que debido a la falta de voluntad política y atención por parte de las autoridades, llevan ya 12 años presentando la iniciativa de ley sin tener éxito, porque, dijo, “las miradas se tornan a que ellos son las patronas y patrones, por eso no quieren trabajar en el tema, piensan que serán afectados”.

Al respecto, Ricardo Bucio Mújica, secretario Técnico de la CDHDF mencionó que a través de la LFT se evidencia la discriminación e invisibilización de la clase política hacia las trabajadoras al no reconocer sus derechos, “la invisibilidad política es tan grande que ni siquiera hay propuestas de campañas para este sector”.

La invisibilidad también se evidencia en la falta de estadísticas y el acceso a la educación, por lo que mencionó que se requieren acciones afirmativas en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para promover la educación para adultos en horarios espaciales.

09/GCJ/GG

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