En 13 años han muerto 84 veracruzanas por abortos inseguros

En 13 años, de 2002 a 2014, en el estado de Veracruz han muerto 84 mujeres por abortos inseguros, decesos que no ocurrirían si las autoridades garantizaran el derecho a la salud para la población femenina, y si no criminalizaran la interrupción del embarazo, dijo Julia Escalante de Haro, coordinadora de política y abogacía de la organización civil Ipas-México.
 
En una videoconferencia realizada a propósito del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Ipas-México –integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres (una red que aglutina a 10 grupos civiles)– advirtió que el gobierno de Veracruz tiene la obligación de prevenir las muertes maternas y los decesos por aborto.
 
Escalante de Haro señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Sistema Nacional de Información en Salud, 15 por ciento de las mujeres que fallecieron por aborto eran menores de 19 años de edad, y 4.7 por ciento hablaban alguna lengua indígena.
 
La experta criticó que en enero pasado el gobernador Javier Duarte propusiera una iniciativa para reformar el artículo cuarto de la Constitución local, para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” –modificación aprobada en primera vuelta el 21 de enero y en espera de ratificación en segunda vuelta en el Congreso estatal–, porque –alertó– criminalizaría a las mujeres por decidir interrumpir sus embarazos.
 
En vez de aprobar esa iniciativa, observó Julia Escalante, se deberían tomar medidas para prevenir el embarazo no deseado, no planeado o forzado, impulsar programas de educación integral en sexualidad, y garantizar el acceso pleno a la anticoncepción y la planificación familiar.
 
A decir de la activista, también es necesario asegurar el aborto legal porque hasta las mujeres que usan anticonceptivos y tienen acceso a consejería deben tener esta opción. Recordó que Veracruz fue una de las primeras entidades en reconocer legalmente la violencia obstétrica, por lo que resulta contradictorio que el Congreso pudiera criminalizar a las mujeres.
 
El pasado 12 de marzo se tenía previsto que la iniciativa de Duarte se ratificara en segunda vuelta, pero obispos católicos informaron que la votación se aplazaría hasta después de las elecciones locales del próximo 5 de junio.
 
Escalante de Haro apuntó que la simple presentación de esa reforma contraviene las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en 2012 instó al Estado mexicano a homologar sus leyes en materia de embarazo favoreciendo la autonomía de las mujeres.
 
Este año, abundó la experta, el Estado mexicano deberá rendir un informe a ese Comité sobre el cumplimiento de la CEDAW, por lo que advirtió que deberá explicar la razón de aprobar esta reforma y la falta de políticas públicas, para evitar las muertes por aborto en un contexto donde –para colmo– Veracruz ha reducido en 69 por ciento su gasto en salud.
 
Recordó que a nivel estatal la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) analiza una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, que fue solicitada por grupos civiles el pasado 5 de abril, ante la negación del derecho a la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual, y las penas de cárcel que se imponen a las acusadas del delito de aborto.
 
16/AGM/RMB