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En 14 estados se resisten a armonizar Ley de Vida sin Violencia

Por Redaccion

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo un llamado al Ejecutivo, a los legisladores federales y estatales a que den prioridad en sus agendas para lograr una adecuada armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues a un año de promulgada hay resistencias para ese proceso en 14 estados.

Además, dice el Observatorio, el Reglamento de la Ley, que permitiría su ejecución, debió publicarse a más tardar el 1° de mayo de 2007, por lo que han transcurrido nueve meses de violación de este precepto de Ley.

El proceso de armonización que debieron emprender todas las entidades de la República se encuentra incompleto y ha sido emprendido en muchos casos sin respetar la intención fundacional de la Ley General: proteger la vida de las mujeres, dice el texto.

GUANAJUATO, RESISTENCIA EXTREMA

De acuerdo con el Observatorio, destacan algunos estados por tener aún pendiente la aprobación de leyes equivalentes. En Jalisco, por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) se ha negado a discutir las Iniciativas presentadas. En Tabasco se usan como pretexto las inundaciones para no continuar el proceso. En Oaxaca el trabajo legislativo no ha pasado de las comisiones.

En Guanajuato, un caso extremo, la fracción del PAN en el Congreso local afirma que esta Ley “no tiene sentido” y que “no soluciona” y en la Comisión de Equidad de Género también se desestima en voz del panista Julio González Garza, al afirmar “estamos en contra de la violencia, pero yo quiero insistir que las cosas sean completas, no hacer leyes declarativas, como el derecho a la felicidad o a desayunar todos los días”.

Lo anterior, considera el Observatorio, refleja una visión misógina y patriarcal de la violencia hacia las mujeres, pues expresa literalmente que legislar para proteger la vida de las mujeres, solo se puede hacer declarativamente, en un ejercicio de simulación.

Además, este tipo de actitudes desde las instituciones del Estado, junto con la impunidad de la criminalidad que afecta a las mujeres, configuran un estado de violencia institucional, en el que, por ejemplo, el 75 por ciento de los casos de asesinadas en Ciudad Juárez y al menos el 90 por ciento de casos en el Estado de México (entre 2005 y 2007) se encuentran impunes.

Así como el caso de los 175 funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, encontrados presuntos responsables de delitos en la construcción de expedientes de asesinadas, que no serán castigados jamás.

MECANISMOS DE GOBIERNO DESAPARECEN

Según la Organización Panamericana de la Salud (2006), las agresiones a las mujeres de entre 15 y 44 años de edad representan la primera causa de muerte en 14 países y entre la segunda y la quinta causa en otros 26 países, indica el comunicado.

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006, que analiza un universo de datos de 35 millones 756 mil 378 mujeres entre los 15 años o más), el 67 por ciento de la muestra (más de 23 millones de mujeres) ha vivido alguna forma de violencia.

Además, 44 por ciento (más de 15 millones de mujeres) sufre agresiones físicas por su pareja, y 18 por ciento (más de 6 millones de mujeres) han sido obligadas en el ámbito familiar a realizar actos sexuales contra su voluntad.

Sin embargo, en este contexto, dice el Observatorio, aún no podemos hablar de que las violencias contra las mujeres son algo documentado, pues esta encuesta del INEGI tiene una debilidad: sólo documenta las violencias en el ámbito privado o del “hogar”.

No permite la visibilización de las diversas violencias en el ámbito público, en donde inciden la delincuencia organizada, la explotación sexual comercial, la pederastia, la trata de personas, los diversos tipos de violencia sexual, solo por citar algunas.

Contrario al incremento del asesinato de mujeres, señala el Observatorio, los mecanismos gubernamentales para su combate se desaparecen o se crean “nuevos”, sin un proceso de rendición de cuentas a la sociedad.

Por ello, el Observatorio ha solicitado a las Comisiones Legislativas de la Cámara de Diputados –sin respuesta aún– que se establezca una negociación con todas las instancias gubernamentales y legislativas responsables del combate al feminicidio, que hoy se encuentran activas pero inoperantes, para que se diseñen y se institucionalicen mecanismos de evaluación de su labor pública, a través del establecimiento de indicadores medibles de proceso, gestión y resultados.

Es urgente, dice el comunicado, que las y los diputados locales armonicen la Ley ya que todos los plazos para su implementación, establecidos en sus artículos transitorios han vencido y no se cuenta con información sobre cómo funciona el Sistema y el Programa para prevenir la violencia; no se han diseñado la Base de Datos y el Diagnóstico que ordena la Ley.

El Reglamento de la Ley, que permitiría su ejecución y hacer ejercible su mandato, debió publicarse a más tardar el 1° de mayo de 2007, por lo que han transcurrido nueve meses de violación de este precepto de Ley, recuerda.

Sin estas acciones, las mujeres continuarán en un grave estado de indefensión y vulnerabilidad, además de que seguirá aumentando el estado de total impunidad en el país.

08/GG

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