Después de tres años de la represión en San Salvador Atenco, Estado de México, organizaciones de la sociedad civil iniciaron una serie de actividades para exigir la libertad de quienes aún se encontraban en prisión.
Fue así como surgió la campaña «Libertad y Justicia para Atenco», impulsada nacional e internacionalmente a partir del 17 de febrero de 2009 y cuya primera fase concluyó el 18 de junio del mismo año.
En esa primera fase, se concretaron alrededor de 80 acciones realizadas en 16 ciudades del extranjero, y en ocho estados de la República mexicana, y zona metropolitana de la Ciudad de México.
Su propósito: exigir la libertad de los 12 presos políticos, la revocación de las sentencias, respeto irrestricto de los Derechos Humanos de los detenidos y perseguidos; castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y de las violaciones a los Derechos Humanos, así como condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
En la campaña, también participaron unas 30 personalidades mexicanas, entre ellas Samuel Ruiz García (obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal, Chiapas) y Raúl Vera (obispo de la Diócesis de Saltillo), así como músicos –el francés Manu Chao, entre ellos–, actores, actrices, académicos, comunicadores y pintores.
Como se recordará, la represión se ejerció contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organismo que surgió en 2001 para impedir que el gobierno federal expropiara más de cinco mil hectáreas de sus comunidades para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional.
Después de lograr que el gobierno desistiera en su propósito, el Frente se abocó a la lucha por el desarrollo y bienestar de las comunidades del municipio de Atenco, además de solidarizarse con diversas luchas a nivel nacional, como la que en 1994 emprendiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas.
La represión arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados y medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. 26 de 47 mujeres detenidas en los hechos denunciaron ser víctimas de violencia sexual, física o verbal, por parte de los policías que las custodiaban.
Nueve de las personas acusadas por el delito de secuestro equiparado fueron sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel, hasta los 112 años de prisión, como el caso de Ignacio Del Valle, dirigente del FPDT, condenado a 67 años y medio de prisión y posteriormente, se le aumentaron 45, o Héctor Galindo y Felipe Álvarez, a quienes se les impuso una condena de 67 años y medio de prisión.
El 8 de septiembre de 2009, la premio Nóbel de la Paz, Jody Williams, visitó por vez primera Atenco, donde se reunió con pobladores y mujeres de diversas organizaciones, para sumarse a la exigencia de libertad para los presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos.
En esa visita, se comprometió a enviar una misiva a Felipe Calderón para pedirle el retiro del Ejército de las calles, la libertad de los presos de «conciencia» de Atenco y garantizar y respetar los derechos humanos pues en aquella ocasión refirió que «hacia el exterior, México tiene un buen discurso en la materia».
La misiva, fue firmada en su momento por 11 personalidades premios Nóbel de la Paz y fue entregada al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont en febrero de este año, y a la fecha no tuvo respuesta.
El pasado 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la libertad inmediata para los 12 presos políticos de Atenco por considerar que no se acreditó el delito de secuestro equiparado del que se les acusaba, que se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes, y la falta de un debido proceso.
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