Durante los últimos8 meses, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) han aprobado –en 12 y 11 congresos locales, respectivamente– reformas a las leyes locales en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso en casos de violación sexual.
Sin embargo, ambos institutos políticos aseguran en la plataforma electoral 2009-2012 de la coalición parcial Primero México, que defenderán los derechos sexuales y reproductivos «dentro de los principios del Estado laico y las exigencias de salud pública».
En el país, de octubre de 2008 a la fecha se aprobaron modificaciones a las leyes locales que otorgan personalidad jurídica al óvulo fecundado en 12 entidades del país, que se suman a la que se llevó acabo en Chihuahua, en 1994. El tricolor aprobó estas reformas, impulsadas por Acción Nacional (PAN) en todos los estados, y el PVEM en once.
Siete de los 13 estados donde se han realizado modificaciones a las legislaciones locales para dotar de personalidad jurídica al óvulo fecundado tienen gobierno y mayoría priísta en sus congresos: Puebla, Colima, Nayarit, Campeche, Durango, Quintana Roo y Sonora. El resto de las entidades son Baja California, Jalisco, Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí.
Conviene recordar las recientes palabras del doctor Roberto Blancarte, especialista de El Colegio de México, respecto del tema: «los derechos sexuales y reproductivos sólo van a valer cuando sean reconocidos política y jurídicamente».
En el caso de la interrupción legal del embarazo, agregó, los partidos pueden no estar de acuerdo, sin embargo este es un derecho que tienen las mujeres. Con la normatividad no se les está induciendo a que aborten, sino que se les esta dando el derecho a decidir. Ejemplo de ello son los casos de violación; la mujer abusada tiene el derecho a decidir si tiene el producto o no.
El Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), encabezado por la diputada federal Lourdes Quiñones Canales, se manifestó en contra de la aprobación de estas reformas y solicitó, sin éxito, que las y los legisladores del tricolor rechazaran la propuesta impulsada por el PAN.
En abierta contradicción con su actuación diaria, las y los candidatos a diputaciones federales de la coalición Primero México indican en su plataforma electoral que vigilarán «se dé cumplimiento a los compromisos internacionales que en este rubro han sido signados por el país».
MÁS PROMESAS INCUMPLIDAS
Sólo en documento, aseguran que se comprometen a fomentar «la equidad entre los géneros y la igualdad de oportunidades». La realidad es que también aquí todo ha quedado en promesa porque no se aterrizó en el proceso de selección de sus candidatas y candidatos a diputaciones federales.
Y es que la coalición Primero México, bajo el principio de mayoría relativa, designó sólo a seis mujeres de 61 candidaturas, es decir el 9.8 por ciento del total. Los 55 lugares restantes los ocuparon varones (90.1 por ciento), según estudio del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres.
Por otro lado, la coalición aseguró que impulsaría las comisiones de equidad y género en los congresos estatales y el federal, sin mencionar la manera como lo hará. Lo mismo en el caso de «fomentar el ejercicio del derecho de las mujeres a tener igual acceso a la propiedad y al control de sus propiedades, especialmente en las zonas rurales».
Asimismo, dicen que buscarán dar seguimiento y propondrán «esquemas de control y regulación» para evitar la impunidad en los casos de trata de personas y explotación sexual infantil», pero no refieren ninguna propuesta concreta.
09/GCJ/RMR/GG
