En los países de América Latina y el Caribe es donde se registra el mayor número de abortos inseguros y clandestinos producto de un elevado número de embarazos no deseados, sobre todo de adolescentes, aseguró Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO, por sus siglas en inglés).
Al inaugurar el taller de difusión para el Proyecto de Anticoncepción de Emergencia, explicó que las complicaciones derivadas de abortos mal practicados causan un tercio de las muertes maternas en la región y enfatizó que el aborto legal salvaría cada año la vida de cinco mil mujeres, en su mayoría católicas, pobres, adolescentes o madres de tres o más hijos, quienes se encuentran entre los 220 millones de personas de la región que viven en la pobreza.
En este sentido, señaló que un tercio de la población de América Latina y el Caribe está constituido por menores de 24 años, por lo que la anticoncepción de emergencia (AE) resulta un método adecuado y fácil de usar para las y los jóvenes.
Sin embargo, dijo, el acceso a las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) es todavía muy limitado y los prejuicios, la confusión con la píldora abortiva y la fuerte oposición de grupos católicos y conservadores obstaculizan las labores de promoción.
La AE, explicó Barroso, es el único método para la prevención de embarazo después del coito y es especialmente útil para las víctimas de violencia sexual y para las mujeres jóvenes.
Durante la inauguración del evento, Vicente Díaz, director de la Fundación Mexicana para Planeación Familiar (MEXFAM), destacó que después de 31 años de haberse establecido en la Constitución mexicana el derecho a la anticoncepción y a la planificación familiar, la inclusión de la AE en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar es un paso importante y un logro de la sociedad civil organizada.
Citó datos de la última Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva, los cuales señalan que entre mujeres unidas en edad fértil el uso de métodos anticonceptivos es de casi 73 por ciento.
Sin embargo, entre la población adolescente es de menos de 50 por ciento, a pesar de que este mismo sector de la población reporta conocer la existencia y su uso correcto en más de 95 por ciento, lo que indica que aunque poseen información, no los utilizan en la misma proporción.
Sobre el acceso a la anticoncepción de emergencia, señaló que uno de los principales obstáculos es que no existe un producto incluido en la lista del cuadro básico de medicamentos, que son los insumos esenciales que el gobierno debe tener y proporcionar a la población.
Este tipo de talleres, abundó, son de vital importancia porque se discuten las estrategias actuales de acción para implementar la AE, y se difunde el conocimiento de que no es un método abortivo sino un recurso más de anticoncepción que puede ser accesible a toda la población.
Por su parte Ángela Heimburger, integrante de IPPF/RHO, habló sobre el compromiso de esta institución para lograr la equidad de género y a eliminar la discriminación, que amenaza el bienestar individual y conduce a la violación de la salud y los derechos humanos, particularmente los de las mujeres jóvenes.
Enfatizó que una de las metas de esta organización es que todas las personas, particularmente las más pobres y marginadas, ejerzan sus derechos y tomen decisiones informadas acerca de su salud sexual y reproductiva.
Como ejemplo, describió un proyecto que se lleva a cabo en cinco países de América Latina y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Republica Dominicana y Venezuela) para incrementar el conocimiento, el acceso y el uso de la anticoncepción de emergencia.
El taller de difusión para el Proyecto de Anticoncepción de Emergencia de IPPF/RHO tiene como objetivo incrementar los conocimientos acerca de la AE y difundir las experiencias de los países de la región en la implementación del proyecto sobre este tema.
Este taller se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, capital de estado mexicano del mismo nombre, del 4 al 6 del presente mes con la participación de representantes de países como México, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Panamá, Belice, Guatemala y Haití, entre otros.
Para la IPPF los derechos sexuales y reproductivos deben estar garantizados para todas las personas porque son derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional.
2004/LR
