En ascenso, número de migrantes embarazadas hacia EU

La violencia en sus comunidades de origen y el deseo de brindar una mejor calidad de vida a sus hijas e hijos, motiva a que miles de mujeres de las entidades más pobres de México y Centroamérica (CA) viajen embarazadas hacia Estados Unidos sin importar los riesgos para su salud y seguridad.  
 
“Gloria” tiene 30 años de edad; con un embarazo de cinco meses, espera gemelos y está en Tijuana, Baja California (BC). En tres días intentará subir los cerros fronterizos por los que cruzará hacia EU.
 
Hace un mes ella salió junto con su pareja de Michoacán, su estado natal, luego de que una organización criminal los extorsionara, acabara con su negocio y robara sus únicos bienes.
 
La pareja que cruzó medio territorio nacional en el tren de carga conocido como “La Bestia” y después a pie para llegar a Tijuana aseguró a Daniel Bribiescas, abogado del refugio Casa Madre Assunta, en BC, que frente a las amenazas y la violencia de los extorsionadores –que ya cobró la vida de otras parejas jóvenes– no tuvieron otra alternativa que emigrar.
 
Ahora su esperanza es que cuando sus hijos nazcan tengan la posibilidad de conocer otro tipo de sociedad.
 
Otro caso es el de “Laura”, joven de 23 años originaria de Jalisco y con un embarazo de tres meses. En cuanto supo de la gestación decidió emigrar a EU para que la que será su tercera hija o hijo nazca en el país del norte.
 
“Laura” también quiere reunirse con sus otros dos hijos que desde su nacimiento fueron entregados a su tío –quien actualmente radica en EU–, para que tuvieran la nacionalidad estadounidense y mayores oportunidades de progreso.
 
Tras dos intentos infructuosos por cruzar la frontera y de que durante el último su pareja fuera detenida por las autoridades migratorias, en dos días “Laura” volverá a intentarlo para conseguir un empleo y tener mejores ingresos con los que pueda demostrar a su familia que tiene la posibilidad de cuidar a sus hijos. 
 
Como a ellas, el albergue Casa Madre Assunta en Tijuana recibe cada mes de una a dos mujeres en condición de gravidez que planean cruzar de manera irregular la frontera norte. La mayoría de ellas son mexicanas y provienen de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
 
CADA VEZ MÁS CASOS
 
Daniel Bribiescas afirmó que desde 2012 el número de mujeres migrantes en esa condición que llega al albergue está aumentado casi al doble, ya que en años anteriores ni siquiera tuvieron conocimiento de casos similares.
 
De acuerdo con el abogado, las mujeres que recibe el albergue presentan embarazos entre uno y ocho meses de gestación, y generalmente viajan acompañadas de su pareja o de algún hermano que pueda hacer frente a las eventuales complicaciones de salud.
 
La mayoría de ellas dice que huye de la violencia de sus comunidades ante la amenaza de ser extorsionadas, secuestradas o incluso asesinadas, pero también ante la imposibilidad de tener un patrimonio para recibir a su descendencia en un entorno seguro y de oportunidades.
 
En otros casos, apuntó el activista, viajan con el propósito explícito de que su descendencia nazca con los mismos derechos de un ciudadano estadounidense.
 
Bribiescas advirtió que la mayoría de las migrantes embarazadas llegan en muy malas condiciones de salud. Entre los padecimientos más frecuentes están la desnutrición, hinchazón de algunas partes del cuerpo, cansancio extremo y la falta de cuidados prenatales.
 
Además de que, por su condición, el trayecto es más lento, los gastos por cuidados son mayores y, por la dificultad de correr ante algún peligro, son más vulnerables ante los delitos de trata y secuestro.
 
Añadió que han atendido casos en los que a las mujeres se “les rompe la fuente” (rotura del saco amniótico que contiene al producto) en medio de los cerros, ya muy cerca de llegar a EU.
 
En esos casos se corre el riesgo de que si las autoridades migratorias las descubren las separan del recién nacido y a ellas las deportan a México sin los mínimos cuidados.
 
Es entonces cuando las madres enfrentan más dificultades para reunificarse con su descendencia –de tres historias que conoce el activista, sólo dos tuvieron buen desenlace–, debido a que carecen de papeles que comprueben el parentesco y porque ellas regresan al albergue en el peor estado emocional luego de que les fue arrebatada su hija o hijo mientras lo amamantaban o lo tenían en brazos. 
 
Cuando una mujer embarazada se presenta en el albergue Madre Assunta, los médicos y abogados procuran darle los medicamentos que requiere, como ácido fólico, le tramitan pólizas de seguro popular, la acompañan a sus revisiones, y en los casos más extremos tramitan el “asilo político” para que las centroamericanas puedan estar en EU y México.
 
También se les informa a las mujeres sobre los peligros de cruzar la frontera, los riesgos de que sus hijas e hijos nazcan en medio de los dos países y los cuidados que deben extremar. Sin embargo, Bribiescas aclaró que ninguno de estos esfuerzos está acompañado por una política de salud integral para las mujeres migrantes.
 
Sería necesario, enfatizó, que si las autoridades ya conocen la ruta migrante coloquen centros de atención en salud en los puntos más solitarios, que el personal del Grupo Beta (dedicado a la protección de las personas migrantes y dependiente del Instituto Nacional de Migración) cuente con paramédicos o expertos en obstetricia; se permita a las embarazadas y las mujeres que recién parieron la repatriación en condiciones cómodas y seguras, y se priorice su salud antes de la deportación o detención.
 
VEJACIONES
 
A pesar de que las migrantes provenientes de CA que presentan embarazos enfrentan múltiples vulnerabilidades por su condición de género, su situación migratoria y su estado de salud, no hay cifras oficiales de los centros de salud o el INM que detallen el número de estas mujeres en tránsito por México, y tampoco de aquellas detenidas en las estaciones migratorias.
 
Además para los grupos civiles resulta complicado realizar el cálculo, ya que en la mayoría de casos los centros de detención no hacen públicas sus bases de datos, no permiten la entrada de observadores, e impiden que las embarazadas vayan a consultas de revisión.
 
Melissa Angélica Vértiz Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas (en la frontera sur de México), indicó que no hay mecanismos suficientes para atender a las centroamericanas en gravidez en las estaciones migratorias o estancias del DIF, que son los lugares donde las autoridades del INM las recluyen.
 
Detalló que en los centros de detención no sólo no existen las condiciones para brindar una atención especializada, sino que además son antihigiénicas y con poco espacio, y no se les brindan los medicamentos necesarios, lo que debilita su estado de ánimo y fomenta en ellas trastornos emocionales.
 
Además, la activista abundó que sabe de casos en los que los centros de salud, públicos y privados, se niegan a brindarles ayuda por su condición migratoria, lo que podría derivar en abortos involuntarios o incluso la muerte de la madre o del recién nacido.
 
También acusó que la Ley de Migración es insuficiente para hacer frente a este problema, ya que sólo el artículo 113 de la norma dice que en el caso de las mujeres embarazadas “(…) el INM tomará las medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas”.
 
La ley tampoco refiere la obligatoriedad de instalar en las estaciones equipo y personal y de dar atenciones especializadas relativas a la salud sexual y reproductiva de las personas migrantes.
 
Otra omisión en la ley, explicó la defensora, es que no hace nada para facilitar que las embarazadas que son detenidas puedan realizar trámites legales, como solicitar una visa humanitaria o un documento de residencia, ya que ellas, pese a su condición de salud, deben esperar días o meses como el resto de las personas, para salir del encierro.
 
Por lo tanto, urgió Vértiz Hernández, las mujeres embarazadas en tránsito por México deben gozar de una visa humanitaria que les permita recibir los servicios médicos en todo el país, y disminuya así su condición de riesgo.
 
Igualmente, el personal del Grupo Beta del INM debe extenderse a las zonas de más difícil acceso y llevar equipo y personal suficiente para la atención de esas migrantes.
 
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