El Sector Niñas y Niños de la Otra Campaña, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Colectivo Kinta Brigada, acusaron al Estado de violentar los instrumentos internacionales que ha signado sobre defensa y protección de la infancia, al permitir la violación a los derechos humanos y tortura de nueve menores detenidos durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco en mayo pasado por parte de policías.
Al presentar hoy un informe sobre el caso de los menores de edad detenidos el 3 y 4 de mayo pasado, integrantes de estos colectivos denunciaron que con esto se demuestra una vez más la intención del gobierno, en todos sus niveles, de reprimir y atemorizar a los sectores sociales que luchan por defender sus derechos golpeando a los sectores más vulnerables como los adultos mayores, niñas, niños y mujeres.
Asimismo criticaron el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de Atenco, presentado en octubre pasado, ya que omitió la situación de las y los menores que resultaron detenidos durante los operativos y que fueron violentados durante su traslado al penal de Santiaguito y durante su estancia en el tutelar para menores «Quinta el Bosque», ubicado en Zinacantepec, en el estado de México.
En este tutelar, las y los menores fueron trasladados y recluidos durante 25 días en donde, según el informe, fueron golpeados por custodios e internos y torturados sexualmente.
De acuerdo al CCTI, entrevistaron a cuatro menores, de entre 16 y 17 años, a los cuales se les aplicó el Protocolo de Estambul y se detectó que en todos existía un estrés postraumático crónico, depresión de moderada a severa y que el común denominador en ellos es el temor.
Asimismo, en sus visitas a la población de San Salvador Atenco han podido constatar, según refieren, el trauma que quedó en las y los niños del poblado, que se refleja en sus dibujos e incluso en sus juegos en donde ahora aparecen granaderos y llantas quemándose, argumentaron.
Actualmente los nueve menores se encuentran en libertad, pero han sido citados a declarar como testigos de causa a Almoloya de Juárez, estado de México.
Los integrantes de estos colectivos exigieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicosocial de los nueve menores, además la cancelación de estos citatorios, ya que se ha comprobado que estos menores no participaron en los delitos por los que fueron acusados (secuestro y ataques a las vías de comunicación).
El cese del hostigamiento e intimidación a estos menores, a sus familias y a la población de San Salvador Atenco, la libertad absoluta e incondicional de las 31 personas que continúan presos en Santiaguito y la realización de una investigación imparcial, independiente y exhaustiva, fueron otras demandas al gobierno.
06/LG/GG/CV